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Alrededor de 400.000 euros por 11 obras realizadas en una decena de cuarteles alicantinos de la Guardia Civil durante 2016. Este es el rastro que presuntamente une el 'caso Mediador' con Alicante, según revelan las pesquisas desarrolladas hasta el momento. En la documentación recopilada por la Benemérita aparecen las empresas a las que fueron adjudicadas dichas actuaciones: Angrasurcor S.L. y Solocorcho S.L., ambas administradas por el empresario canario Ramón Tejera de León, vinculado a la supuesta trama de corrupción que se extiende por toda España.
Según la investigación de Asunto Internos, las obras habrían permitido a las dos empresas citadas «incrementar enormemente la facturación e ingresos». Asimismo, las pesquisas apuntan que en varios casos desaparecieron siete de cada diez euros de las adjudicaciones.
Esta trama de presunta corrupción a nivel nacional salpica, por ahora, a cargos del PSOE, a un exgeneral de la Guardia Civil y a varios empresarios. Asuntos Internos tiene más de 200 contratos en el punto de mira. Además, investiga a seis altos mandos del instituto armado.
De hecho, el Ministerio del Interior ha cesado al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, José María Tienda, cuyo nombre figura en el sumario de la trama de presunta corrupción por su buena relación con el empresario canario.
Las supuestas ilegalidades, que tienen como punto de partida Canarias, se han ramificado por toda España. De momento, se investigan 193 obras en las comandancias de Alicante, Albacete, Algeciras, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Valladolid.
Alcoi
Alicante
Banyeres de Mariola
Castalla
Cocentaina
Dolores
El Verger
Jacarilla
Muro de Alcoi
Orihuela
San Miguel de Salinas
Ocho meses es el tiempo que lleva parada la investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación de obras para más de una decena de cuarteles de la Guardia Civil. El Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid está a la espera de que se aporte al procedimiento un informe pericial.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que la titular del juzgado, María Isabel Durantez, intenta esclarecer si el importe destinado a las reformas de las comandancias de la Benemérita se corresponde con los trabajos realizados y que, aunque ordenó la redacción de dicho informe el año pasado, hasta el momento permanece a la espera de las conclusiones de los expertos.
El caso ya dio lugar, hace solo unos días, a un cruce de declaraciones entre responsables políticos de los ayuntamientos de Alicante y Valencia. El concejal de Seguridad alicantino, José Ramón González, exigió el pasado miércoles 1 de marzo que la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, rectificase de manera inmediata «sus falsas acusaciones» sobre la «inexistente» relación contractual del consistorio alicantino con una empresa vinculada al escándalo de la trama del 'caso Mediador', en relación con la compra de dos drones para el parque de Bomberos.
Además, González indicó que la vicealcaldesa y candidata socialista a la alcaldía de Valencia no encontró los «presuntos contratos a los que alude con la empresa Asesoramiento y Servicios de Drones (ASD) porque «no existen». Asimismo, calificó de «patinazo» las acusaciones y las consideró «impropias» de alguien de su responsabilidad.
El edil de Seguridad negó tajantemente cualquier relación contractual del Ayuntamiento de Alicante con la empresa ASD SL, investigada en la trama del denominado 'caso Mediador' y con la que «sí contrataron la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia».
González salió así al paso de las declaraciones de la vicealcaldesa socialista de Valencia, «que se ha visto acorralada por el escándalo de una trama que abochorna al país y ha intentado a la desesperada involucrar al Ayuntamiento de Alicante con falsas acusaciones».
También precisó que el Ayuntamiento de Alicante formalizó la compra de dos drones para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) en julio de 2022 con la empresa Mi Primer Drone SL, que no tiene ninguna relación con la firma Asesoramiento y Servicios de Drones. Lo hizo a través de una licitación, a la que concurrió otra UTE integrada por otras dos compañías -Precisión Aérea Innovación y Nuevas Tecnologías y DDQKias Eventos SLU-.
«Vamos a defender con total contundencia la honradez y transparencia de nuestra gestión y la honorabilidad y el buen nombre del Ayuntamiento de Alicante», agregó González. «No vamos a consentir patinazos como el de la vicealcaldesa de Valéncia con la intención de confundir y desviar la atención torticeramente sobre los posibles casos de corrupción que afectan a los socialistas», sentenció.
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