La Policía Nacional detecta dos drones operando en el puerto de Alicante sin autorización

La Policía Nacional ha intervenido en Alicante un dron que se encontraba operando en la zona portuaria cuyo piloto no disponía de la titulación necesaria y no había realizado la correspondiente comunicación al Ministerio del Interior, ni las autorizaciones pertinentes. La Unidad Aérea de la Policía Nacional (Drones UAS) ha detectado otro aparato justo antes de iniciar el vuelo, por lo que su propietario ha esquivado una posible sanción de hasta 225.000 euros, en caso de ser una infracción muy grave.

Los hechos han sido detectados durante un servicio preventivo en horario matinal por esta unidad especializada de la Policía Nacional de Alicante, que cuenta con sistemas de detección electrónicos que localizan aeronaves no tripuladas y ubican a sus pilotos.

Durante las tareas preventivas de detección, los agentes localizaron un dron operando en modo FPV (vuelo en primera persona), modalidad que requiere que el piloto esté acompañado por un observador que le facilite información visual directa del entorno, señalan desde el Cuerpo. Sin embargo, el piloto se encontraba operando solo, sin la presencia del observador obligatorio.

Practicadas las correspondientes diligencias en el lugar, se comprobó que el piloto no estaba registrado como operador de UAS (Sistemas de Aeronaves no Tripuladas), no había comunicado el vuelo al Ministerio del Interior, y carecía de la formación reglada que lo habilitara para operar el aparato en ese entorno. Si bien manifestó conocer el manual de la aeronave, este hecho por sí solo no exime del cumplimiento del resto de obligaciones legales.

A raíz de las infracciones detectadas, los efectivos intervinieron temporalmente el dron, informando al operador de las posibles consecuencias administrativas derivadas del incumplimiento de la normativa vigente.

Durante la mañana se pudo localizar a un segundo operador que iba a iniciar el vuelo con su aparato. Al ser requerido por los agentes, no llegó a poner el dron en el aire, hecho que lo salvó de una posible propuesta de sanción ya que no había comunicado el vuelo al Ministerio del Interior.

Ambas aeronaves fueron localizadas en la zona portuaria, espacio aéreo donde es obligatorio contar con autorización para la operación con drones UAS. Para mantener la seguridad de las aeronaves y de las personas en tierra, se han establecido zonas geográficas en España (zonas 'GEO') donde se permiten, restringen o excluyen las operaciones con drones, teniendo en cuenta el lugar y la aeronave que se utilice. Estas zonas pueden ser consultadas en las páginas oficiales de AESA (aplicación móvil o web https://drones.enaire.es).

La Policía Nacional recuerda que volar un dron conlleva responsabilidades legales y que, para hacerlo de forma segura y lícita, es imprescindible cumplir los siguientes requisitos, conforme al Real Decreto 517/2024 y al Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947.

Entre las que se incluyen: estar registrado como operador de UAS en AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), contar con la formación y certificación necesarias según el tipo de vuelo y categoría (abierta, específica o certificada); disponer del conocimiento del manual de uso del drone, tener un seguro de responsabilidad civil si lo exige la categoría o zona de vuelo.

Además, se tienen que comunicar los vuelos a las autoridades cuando se realicen en zonas donde sea obligatorio notificar o solicitar autorización, como por ejemplo zonas urbanas. Esta comunicación se puede realizar en la web https://www.interior.gob.es en el apartado correspondiente de servicios al ciudadano, mínimo con cinco días de antelación. Asimismo, en el caso de vuelos en FPV, es obligatorio que el piloto esté acompañado por un observador visual.

El incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar sanciones económicas de bastante cuantía, la intervención del drone e incluso responsabilidades penales en caso de que el uso indebido de la aeronave ocasione daños a personas, bienes o interfiera en operaciones aéreas.

Estas conductas pueden llegar a ser sancionadas por AESA de hasta 45.000 euros en caso de infracciones leves, hasta 90.000 euros en infracciones graves y hasta 225.000 euros en situaciones donde se cometa una infracción muy grave, según se recoge en la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea.

La Policía Nacional insiste en la importancia de informarse adecuadamente antes de operar un dron y pone a disposición de la ciudadanía los canales habituales para la denuncia anónima de estos hechos.

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