Kebabs y hamburguesas caducadas en una nave clandestina de un municipio de Alicante

Golpe de la Guardia Civil al fraude alimentario en la provincia de Alicante. Durante la 'Operación Repelo', el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha retirado un total de 40 toneladas de alimentos en mal estado o con deficiencias en su trazabilidad, principalmente productos cárnicos, que presuntamente habrían acabado en puestos de venta ambulante, poniendo en riesgo la salud de los consumidores, según ha informado el Instituto Armado.

Además, se ha investigado a los propietarios de dos mercantiles de San Vicente del Raspeig y San Isidro por delitos contra la salud pública, relativo al mercado y a los consumidores, y falsedad documental. Asimismo, todas las infracciones detectadas han sido notificadas a la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana.

La investigación comenzó en abril, cuando una patrulla del Seprona de Alicante realizó varias inspecciones para combatir el fraude alimentario, enfocándose en prácticas ilegales como la falsificación, adulteración, etiquetado fraudulento, comercio y distribución irregular de alimentos.

Durante una inspección en una empresa de San Vicente del Raspeig, especializada en la producción de hamburguesas y kebabs, se detectaron varias irregularidades: materias primas sin la trazabilidad requerida para identificar su origen, productos cárnicos con la fecha de consumo preferente vencida y especias caducadas utilizadas en el procesamiento de alimentos.

Además, se descubrió una nave relacionada con esta empresa que operaba de forma clandestina. En su interior, las cámaras frigoríficas contenían productos caducados que habían sido etiquetados con fechas falsificadas para extender su vida útil y comercializarlos. Algunos de estos alimentos llevaban congelados, presuntamente, más de dos años, de acuerdo a la información facilitada por la Benemérita.

Tras inspecciones realizadas junto al Servicio de Inspección de Calidad Alimentaria del Centro de Salud Pública de Alicante, se procedió a la destrucción controlada de los productos incautados mediante un gestor autorizado.

En septiembre, en una nueva inspección en un centro de almacenamiento de San Isidro, los agentes detectaron nuevas irregularidades en alimentos almacenados por una empresa de Alicante, relacionadas con la trazabilidad, el etiquetado y la caducidad. En noviembre, una vez que los agentes finalizaron el atestado, remitieron las diligencias al Decanato del Partido Judicial de San Vicente del Raspeig.

La Guardia Civil reafirma su compromiso con la salud y seguridad de los consumidores, y continuará trabajando para garantizar que los alimentos que llegan al mercado cumplan con los estándares de calidad y legalidad establecidos.

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