Juzgan a un abogado acusado de estafar 226.000 euros a una cliente

El ministerio público le considera autor de un delito continuado de falsedad documental en concurso con un delito de estafa agravada, por el que le reclama cuatro años de prisión. Además, solicitaba una indemnización de 535.000 euros para la mujer --ya fallecida--, por el perjuicio económico que sufrió, los gastos de los viajes y los daños psicológicos que le generó la actuación del procesado.

El acusado ha negado los hechos de los que se le acusa y ha argumentado que los correos electrónicos que constarían como prueba no los mandó él, que se comunicaba con la víctima por whatsapp y videconferencias por internet. Asimismo, ha expuesto que la cantidad de dinero que percibió de la denunciante, mientras la representó, fue menor.

Según su versión, el encargo que le realizó su clienta estaba relacionado con la tutela de su padre que, por un accidente, había quedado en estado vegetativo y percibió una indemnización. Según sus palabras, la víctima necesitaba un «escudo jurídico» para poder ocuparse del patrimonio de su progenitor.

Para la fiscal, en este caso hay pruebas documentales, como una gran cantidad de correos electrónicos, entre otras, que prueban «el engaño palmario» que cometió el acusado, aunque las declaraciones de la denunciante no vayan a ser tenidas en cuenta por la sala.

Según sostiene la Fiscalía, el acusado engañó a esta clienta, residente en Suiza, en la tramitación de un procedimiento judicial. Según mantiene la acusación pública, la víctima, contactó con el letrado en octubre de 2011 para que se encargara de un asuntopor apropiación indebida por parte de unas familiares de su padre que, supuestamente, le habrían robado dinero de sus cuentas bancarias.

El procesado le hizo creer a la mujer que iniciaba un procedimiento para lo que le exigió dinero en concepto de provisiones de fondos, depósitos y fianza. Según mantiene la Fiscalía, la mujer le entregó hasta 226.000 euros.

Para justificarlos, el hombre habría elaborado resoluciones judiciales simuladas, llegó a convocar a la víctima en varias ocasiones a un juicio ficticio, que siempre se suspendía, y le hizo creer que habían detenido a sus familiares y que había recurrido ante el Tribunal Constitucional. La perjudicada tuvo que vender su casa en Suiza para hacer frente a las continuas demandas de dinero del encausado.

Tras conocer la víctima que el acusado no realizaba las acciones judiciales de las que supuestamente le informaba, el procesado le indicó que no fuera al juzgado. Sin embargo, la mujer sí se personó y le indicaron que no había ningún procedimiento abierto a instancia de este abogado.

La defensa ha pedido la nulidad del procedimiento porque alega que se practicaron diligencias en instrucción fuera del plazo legalmente establecido, una solicitud que ha sido rechazada por la sala. Asimismo, pide la absolución para su cliente al entender que no ha quedado acreditada la autenticidad de la versión de la denunciante, «ni haber pruebas concluyentes».