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Terreno con las construcciones ilegales. GC

Casi 30 investigados en una nueva trama de asentamientos ilegales en una partida de Mutxamel

La Guardia Civil ha comprobado que la parcela de 34.000 m2 donde se ubicaban estas construcciones está clasificada como suelo no urbanizable | Detrás se encuentra una mujer que actuaba como intermediaria y que figuraba en la escritura pública de compraventa

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:13

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La Guardia Civil investiga a casi 30 personas en un nuevo caso de asentamientos ilegales en el área metropolitana de Alicante, esta vez en la partida de Baiona Alta, en el término municipal de Mutxamel. Los investigados están presuntamente implicados en un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, relacionado con la construcción de viviendas en suelo no urbanizable.

La investigación arrancó el pasado mes de febrero cuando la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Jijona obtuvo información sobre posibles construcciones irregulares en una zona rústica del municipio. Tras desplazarse al lugar comprobaron que esta parcela, de 34.000 metros cuadrados, está clasificada como suelo no urbanizable, según detallan desde la Benemérita.

GC

Durante dicha inspección los efectivos descubrieron que el terreno había sido dividido en 16 subparcelas, algunas de ellas posteriormente fraccionadas de nuevo. Dentro de ellas se habían levantado casas móviles sin contar con ningún tipo de licencia. Detrás de esta promoción ilegal se encontraba una mujer de 41 años que actuaba como intermediaria y con antecedentes por hechos similares, según determina la investigación.

La mujer figuraba en la escritura pública de compraventa como mandataria verbal del vendedor, confiando en su gestión. Cada comprador adquiría un porcentaje o participación del terreno total lo que implicaba también la copropiedad de las subdivisiones ilegales del terreno, detalla la Guardia Civil.

Tras meses de investigación, el Seprona ha investigado a la intermediaria y a 28 personas más, de edades entre 26 y 72 años, todos ellos propietarios de las parcelas segregadas ilegalmente. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de San Vicente del Raspeig, y se han realizado gestiones con la autoridad municipal competente.

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