Insultos e intimidaciones: los momentos de tensión denunciados por una trabajadora social de Elche

Han sido momentos de tensión los vividos por parte de una trabajadora social de Elche, quien ha denunciado ante la Policía Local de Elche agresiones verbales e intimidaciones por parte de una familia usuaria del Departamento de Servicios Sociales ilicitano. De hecho, la denunciante ha llegado a solicitar al consistorio ilicitano que se persone como acusación particular en la denuncia, ya que los hechos sucedieron en su jornada laboral.

Los hechos ocurrieron el 30 de junio, cuando M. denució agresiones «verbales e intimidatorias» de una familia de usuarios a los que ella atiende. Todo ello mientras la víctima se encontraba en su jornada laboral. La trabajadora social vivió momentos tensos que le llevaron a tener que recibir «asistencia médica urgente» debido a una «importante crisis de ansiedad y estado de nerviosismo», según fuentes cercanas a la denunciante.

No se trata del primer caso vivido por esta trabajadora social, pero sí que ha sido el que ha llevado al extremo de denunciar, según confirman fuentes cercanas a la afectada, que explican que estña ha sido «una situación recurrente, sobre todo este último mes en el puesto de trabajo». Debido a los momentos de tensión se tuvo que personar agentes de la Policía Nacional, según indican las mismas fuentes.

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante (Cotsa) defienden a esta trabajadora y aseguran que «a pesar de la ansiedad y miedo a las repercusiones debe estar en su trabajo» y la alaba como «una gran profesional, dedicada e implicada». El colegio advierte que esta situación «pone en riesgo no solo a ella sino al resto de compañeros» y pide a la administración «brindar la seguridad que se necesita» en este sector. De hecho, la denunciante ha manifestado su enfado con que los profesionales «sigan trabajando bajo presión, miedo o inseguridad».

Cotsa recuerda «la obligación» de las administraciones públicas «en velar por la integridad de sus trabajadoras» y muestra «nuestra total repulsa a cualquier tipo de cato violento hacia cualquier profesional». El colegio insiste en que «ningún acto de violencia está nunca justificado» y muestran su apoyo a la compañera ilicitana.

El colegio insiste en un comunicado que este caso «no es un caso aislado y por el que no es suficiente un plus de peligrosidad» y apuntan directamente a la Administración: «es de obligatoria responsabilidad que proporcionen seguridad a los trabajadores sociales que ejercen su labor con los pocos medios de los que disponen y la lentitud de respuesta administrativa».

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