La Guardia Civil neutraliza a una empresa alicantina que mantenía en pie de guerra a los productores de plátano de Canarias

La Guardia Civil ha puesto fin a las andanzas de una empresa alicantina que tenía en pie de guerra a los productores de plátano de Canarias. Según revela la investigación, la sociedad comercializaba toneladas de banana simulando que, al menos en parte, procedía del archipiélago, donde esta preciada fruta está amparada por la Indicación Geográfica Protegida (IGP), además de ser una marca registrada en la Unión Europea.

La operación se inició el pasado mes de abril, después de que los agentes recibiesen una denuncia de una asociación de productores de plátano de Canarias. Los afectados exponían que una mercantil cuyas instalaciones se encuentran en la provincia de Alicante estaba vendiendo plátanos catalogados como de Canarias, pese a que tenía suspendida la autorización. Añadían que las bananas podían provenir de Portugal, entre otros países, según relata la Benemérita.

Las pesquisas fueron asumidas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), unidad que, entre otros cometidos, lleva a cabo inspecciones regulares para garantizar que los establecimientos cumplen y los consumidores no son estafados o se enfrentan a un potencial riesgo para su salud. Los agentes se personaron en la empresa denunciada con sede en la provincia de Alicante, donde revisaron las cámaras de conservación y maduración.

Además, realizaron verificaciones adicionales en establecimientos situados en Alicante, Valencia, Vigo y Bilbao, a los que se les habría vendido el producto bajo sospecha. El Seprona constató, según confirman fuentes del caso, la existencia de diversas partidas de banana de Madeira que habrían sido comercializadas bajo la IGP 'Plátano de Canarias'. Asimismo, comprobaron que, efectivamente, la empresa tenía retirada la habilitación para operar bajo esta marca.

La mercantil supuestamente falsificaba los documentos y facturas y ocultaba la comercialización del producto tanto a la empresa certificadora como a la administración, que ya había tomado medidas cautelares tras detectar irregularidades, señalan fuentes de la Guardia Civil. Solo durante 2023 se ha acreditado la venta de casi 2.000 toneladas de banana por parte de la empresa investigada, sin que se pueda acreditar que todo este género se haya distribuido cumpliendo con la legalidad vigente.

A la firma se le imputan dos delitos contra la propiedad industrial, otro de falsedad documental y un cuarto relativo al mercado y a los consumidores. Las diligencias han sido puestas a disposición de los juzgados de instrucción de San Vicente del Raspeig.

Junto con el procedimiento judicial, se han instruido expedientes administrativos por infracciones al Reglamento (UE) 2024/1143, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las indicaciones geográficas para vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas, así como especialidades tradicionales garantizadas y términos de calidad facultativos para productos agrícolas. Podrían acarrear sanciones de 4.001 a 3.000.000 euros.

La operación ha sido desarrollada por la patrulla del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, que ha contado con la estrecha colaboración del Servicio de Control de la Calidad Agroalimentaria de la Generalitat Valenciana y el intercambio de datos con las autoridades de otros países a través de Europol

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