Las claves del 'caso Maristas' de Alicante: una confesión, 75 transferencias y sospechas de algo más

El caso cuenta con lo necesario para hacer una serie de suspense; una buena trama, un protagonista impredecible y espectadores con ganas de conocer la verdad. Durante los capítulos ya emitidos se ha podido ver la confesión del investigado, la localización de las 75 transferencias en siete cuentas ajenas al centro, el comunicado de Apamar llamando a la calma y la devolución de 61.000 euros del montante total presuntamente sustraído.

El 'leit motiv' del siguiente episodio lo marcará el Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante, donde se conocerá, conforme avancen las investigaciones policiales, si el escándalo ha tocado techo o llega más lejos e involucra a más personas, lo que convertiría a este serie de suspense en una mascletá.

Para una buena mascletá, se necesita mucha pólvora. La Policía rastrea el patrimonio y las cuentas del denunciado, por si pudiesen brotar nuevos montantes económicos. Dichas sospechas se fundamentan en el hecho de que el expresidente de la asociación eliminó gran cantidad de información relativa a sus seis años de mandato y entregó el ordenador de Apamar como si lo acabase de adquirir, es decir, vacío.

Además, se investiga si la condición de funcionario en un ayuntamiento de l'Alacantí habría servido al que fuera presidente de la asociación durante seis años para ocultar el rastro del dinero a través de cuentas pantalla. Las pesquisas policiales se sustentan en el hecho de que gran parte de las cuentas sometidas al escrutinio policial se encuentran domiciliadas en la localidad donde el investigado trabaja y reside.

Son las palabras articuladas por el expresidente de Apamar del colegio Maristas de Alicante para reconocer los hechos tras ser descubierto por la nueva directiva de la asociación, según recoge la denuncia.

La confesión iba acompañada de arrepentimiento, ya que en todo momento se mostró dispuesto a devolver los más de 117.000 euros desviados, comprometiéndose a presentar un plan de pagos a la asociación para reintegrar los fondos antes del día 26 de noviembre de 2021, según se desprende de las investigaciones.

Dos días antes de la fecha límite, el expresidente remitió una carta con firma digital al actual presidente de Apamar en la que le trasladaba la imposibilidad de devolver las cantidades presuntamente malversadas. También notificó las gestiones realizadas con diversos empresarios y familiares, e ingresó, como «gesto de buena voluntad», la cantidad de 1.000 euros.

No fue hasta el 23 de marzo de 2022 cuando, según recoge la querella, dos familiares del investigado remitieron a la asociación dos justificantes bancarios de sendas transferencias por importe de 30.000 euros cada una, en los que hacían constar que se correspondía con la mitad de la deuda pendiente del expresidente.

Asimismo, el denunciado admitió que las cuentas de destino no pertenecían a ningún familiar beneficiario del servicio de ayuda escolar (SAE), el cual gestionaba de manera exclusiva.

En el 'caso Maristas' las 75 transferencias destapadas han sido las que han marcado el camino a los investigadores. Hasta el momento solo se conoce la titularidad de dos, de las que era propietario el expresidente, según se desprende de las pequisas completadas hasta el momento. En una de ellas se apropió presuntamente de 52.600 € a través de 34 movimientos, entre el 31 de mayo de 2016 y el 19 de marzo de 2020.

Según la documentación del caso, no se puede descartar que esas cuentas de destino pertenecieran a terceros, pero gestionadas directamente por él, dada su condición de funcionario en un ayuntamiento de l'Alacantí, por lo que, en virtud del cargo, se investiga si ha podido usar las cuentas para realizar los movimientos y así dificultar el rastreo del dinero.

Las transferencias supuestamente ilícitas provenían de tres cuentas de Apamar. La primera a nombre del servicio de ayuda escolar (SAE), destinado para alumnos huérfanos o con padres con una incapacidad permanente reconocida. En él se ingresa una cuota voluntaria de la matrícula -43 euros- correspondiente al servicio de ayuda escolar; la segunda pertenece a la cuenta fondo SAE, asignada para el soporte económico y exclusivo de la anterior, aplicada para los mismos fines.

La tercera concierne a Apamar y cubre la realización de actividades y servicios de tipo social, cultural, recreativo, educativo, deportivo, de previsión y pastoral. En esta se ingresan la cuota anual de los miembros de la asociación, la cuota única para las familias de nueva incorporación y la cuota de euro por recibo.

El 13 de diciembre, horas despúes de que TodoAlicante diese a conocer los detalles de la investigación judicial en curso, Apamar lanzó un comunicado interno, en el que llamaba a la calma y destacaba que la denuncia presentada contra el que fuera su presidente entre 2015 y 2021 ya había servido para recuperar una parte importante de la cantidad presuntamente sustraída.

La junta directiva subrayó que en todo momento contó con el respaldo del centro para emprender las acciones legales oportunas. En el texto, la asociación trasladó que el procedimiento continúa en fase de investigación.

También insistió en la firme determinación de Apamar en la defensa de la integridad moral de la asociación, su patrimonio y el dinero que aportan cada uno de sus miembros para cumplir los fines sociales, educativos y humanitarios de la institución.

En el escrito, Apamar aseguró que en todo momento ha mantenido informada a la dirección del colegio sobre cada uno de los pasos dados, haciendo especial mención al respaldo recibido de manera permanente.

La querella, por parte de Apamar, se presentó el 23 de marzo de este año. Dos meses más tarde, el 17 de mayo, el juez llamó a tomar declaración al investigado, que se enfrenta a tres delitos: apropiación indebida, administración desleal y estafa.