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Nuestro país cuenta desde hace tres años con una ley orgánica para la regulación de la eutanasia, y que ya ha ayudado a morir dignamente a algo más de 1.500 personas. Las solicitudes de eutanasia han ido al alza desde que se aprobó la norma; tanto es así que el pasado año se incrementaron en una cuarta parte respecto a 2022. En la Comunitat, fueron 56 las solicitudes, de las que se concedieron un 46% (26 en total), a partes iguales entre hombres y mujeres.
El Ministerio Sanidad acaba de publicar su 'Informe de evaluación anual 2023 sobre la prestación de ayuda para morir', donde hace una completa radiografía de la aplicación de la ley. Según el informe, el perfil más frecuente es el de una persona solicitante entre 70 y 79 años (28%). Además, las enfermedades de base más frecuentes fueron la enfermedad oncológica (35%) y la neurológica (35%).
Las personas solicitantes tienen enfermedades graves y, si bien la mayoría de ellas poseen capacidad de hecho al inicio de la solicitud (95%), un 15% estaban en riesgo inminente de perder dicha capacidad. En relación con el tiempo transcurrido desde la solicitud hasta la realización de la prestación de ayuda para morir, ha sido de 67 días de media. Por otra parte, un 25% de las personas solicitantes fallecieron antes de resolver su expediente, y el tiempo medio desde la solicitud hasta el fallecimiento fue de 30 días.
La prestación se realiza de forma preferente en el ámbito de la atención primaria y de la sanidad pública; y en cuanto al lugar donde se realizó la prestación, el 47% de las veces tuvo lugar en el hospital, mientras que el 44% se llevó a cabo en la residencia o domicilio del paciente.
El número de personas que cambian de opinión, es decir, que revocan la prestación es mínimo (3%), y un 12,5% de los solicitantes se acogieron al programa de donación de órganos de acuerdo con el protocolo específico establecido.
El número de solicitudes denegadas fue del 24%, de las que, tras las correspondientes reclamaciones ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Eutanasia (CGyE) correspondientes, fueron estimadas favorables más de la mitad de las reclamadas (58%). Además, en la mayoría de los casos se solicita la administración directa de la medicación por parte del equipo sanitario.
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