El autismo es uno de los trastornos cuyo grado de discapacidad más cuesta determinar a los médicos. / EP

Valoraciones a la baja y sin presencialidad: así es la revisión de la discapacidad en Alicante

Asociaciones y familiares lamentan que las exploraciones a pacientes se hayan dejado de hacer in situ tras la pandemia | La falta de conformidad con el grado de minusvalía otorgado lleva a muchos a recurrir a la vía judicial

PAU SELLÉS | ÓSCAR BARTUAL BARDISA Alicante

El hijo de Vicent Catalá padece el Trastorno del Espectro Autista, conocido popularmente como autismo. Esta condición no afecta a sus capacidades intelectuales; es más bien una limitación de sus aptitudes sociales y de empleo del lenguaje. Eso le ha permitido superar un ciclo de Formación Profesional en la rama de Informática, pero le dificulta enormemente el acceso al mercado laboral.

Como otros muchos padres, Vicent tuvo que acreditar el grado de discapacidad de su hijo ante la administración pública; un trámite que debe garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con diversidad funcional. Sin embargo, no le resultó nada fácil, y es que a las largas esperas que acumulan estos trámites, se le sumó una valoración a la baja del grado de discapacidad de su hijo.

Los informes aportados por Vicent acreditaban un 47% de discapacidad; una cifra que cayó hasta el 33% tras la valoración hecha en uno de los centros que gestiona la Conselleria de Polítiques Inclusives. La disparidad de criterios hizo que la familia presentara un recurso con el que consiguieron incrementar hasta el 37% el grado de discapacidad.

No se trata de un caso aislado, y es que fuentes de medicina legal consultadas por TodoAlicante reconocen que muchas personas no están conformes con el grado de discapacidad reconocido por la administración pública. «Últimamente encontramos muchos pacientes con valoraciones a la baja», asegura un perito médico de Alicante, un efecto que achaca a «la gran carga de trabajo» que presentan los centros de valoración.

«En la pandemia se dejó de revisar presencialmente a los pacientes, y debido a la saturación que sufre a día de hoy el sistema, se les sigue sin explorar la mayoría de veces», explica la misma fuente. Esto provoca que se tienda a valorar con porcentajes bajos, sobre todo con enfermedades psiquiátricas o patologías crónicas, que son más complicadas de medir.

«Encontramos a muchos pacientes con valoraciones de discapacidad a la baja» asegura un perito médico, un efecto que achaca a «la gran carga de trabajo» de los facultativos

El facultativo reafirma la experiencia de Vicent Catalá y su hijo, ya que los pacientes con trastornos del espectro autista (como el Asperger) representan uno de los colectivos que menor grado de discapacidad suelen recibir. «Requieren una atención continuada; tienen necesidades especiales por sus problemas para dormir o de comportamiento», explica el perito, quien afirma que en muchas ocasiones no se corresponden con «la repercusión de la patología y las necesidades que crea en el paciente».

Estas valoraciones a la baja originan nuevos trámites por vía judicial, y en consecuencia, tediosos retrasos en la expedición de los certificados. Los pacientes que están disconformes pueden recurrir para que se aumente su grado de discapacidad (el 33% es el mínimo para tener beneficios). «Hay veces que los pacientes quieren ejercitar este proceso aunque no se llegue al mínimo, porque en posteriores valoraciones se partirá de esta nueva marca», explica el experto en medicina legal.

Abocados a la vía judicial

Desde la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la Provincia de Alicante (ADACEA) apuntan que la falta de presencialidad en la revisiones representa «un gran inconveniente», y que estas «se deberían realizar in situ y siempre con profesionales del trabajo social, la medicina, y la psicología».

En otras asociaciones que trabajan en el ámbito de la diversidad funcional, como la alicantina APSA, también atestiguan esta falta de presencialidad, aunque reconocen que muchos casos son «tan claros» que los informes aportados por las familias resultan suficientes para obtener la conformidad de las dos partes.

Cuando no hay conformidad, los usuarios tienen 30 días para interponer una reclamación administrativa. Agotada esa vía, deben recurrir a los juzgados, aunque como apuntan desde APSA, «muchas personas no tienen recursos suficientes para procurarse un letrado, por lo que si no están conformes con la valoración se ven incapaces de recurrir a la vía judicial».