La vida de los exministros: ¿A qué indemnización tienen derecho y hasta cuándo?

El sueldo de los políticos y la prestación que les corresponde tras abandonar el cargo es una duda que surge cada vez que finaliza una legislatura. Existe la creencia popular de que los cargos públicos más altos tienen derecho a recibir una paga vitalicia, pero es un mito. Únicamente el presidente tiene derecho a un 'sueldo' de por vida.

Aunque no se determina como sueldo, se fija todos los años en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta paga, creada por Felipe González en 1992 -a través del Real Decreto 405/1992, de 24 de abril- es similar para cada expresidente y está destinado a «gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles», según recoge el Estatuto de los expresidentes del Gobierno. Antes de este decreto, los líderes del Ejecutivo solo tenían derecho a recibir un sueldo durante los siguientes cuatro años una vez que dejaban el cargo.

En el caso de los ministros, en el momento en que abandonan su cartera tienen derecho a cobrar una indemnización durante un tiempo igual al que estuvo en el cargo o por un máximo de dos años en el caso de haber estado más de 24 meses en el ministerio, según recoge la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. En cambio, quien haya sido presidente del Gobierno recibe una dotación para «gastos de oficina» y dos funcionarios, entre otros beneficios.

La cuantía de la indemnización, según recoge la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1981, será del 80 % del sueldo que se perciba en el ejercicio en curso. Es decir, en este caso el salario para el cargo de ministro estipulado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 es un total de 79.415,16 euros, en doce pagas, 6.617,93 euros al mes. Por tanto, el 80% significaría 63.532,12 euros, 5.294,34 euros mensuales.

Desde el año 2012, esta compensación es incompatible con cualquier otra retribución que provenga de la actividad pública o privada y con la percepción de la pensión de jubilación, según recoge el artículo primero del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. El exministro puede renunciar a percibir la indemnización, tal y como indica en el Portal de Transparencia.