El Senado rectifica la Ley de Costas para proteger las viviendas en peligro

La modificación de la Ley de Costas garantizará, según el PP, «una protección jurídica a las decenas de miles de personas que, teniendo viviendas legales en el litoral desde hace muchas décadas, ven amenazadas sus construcciones por los nuevos deslindes de dominio público». De esta manera, las viviendas de municipios como Torre de la Sal, en Cabanes, Moncofa, Gandia, Dénia, Puçol, Bellreguard o Tavernes de la Valldigna, por citar algunos, tengan protección.

La proposición de ley aprobada establece que la Ley de Costas incorporará un apéndice para tener en cuenta el valor etnológico, singular y patrimonial de estas viviendas. Para lograrlo la iniciativa popular propone la creación de una figura, la de «núcleos urbanos con especiales valores etnológicos», que deberá informar cada comunidad autónoma a través del organismo que ostente las competencias sobre la materia y que permitirá su protección.

Una vez realizados estos pasos, esas áreas ya no formarían parte del dominio público marítimo-terrestre, rigiéndose a partir de ese momento por el régimen de los terrenos incluidos en la zona de servidumbre de protección.

La regresión costera, provocada por la falta de medidas de protección del litoral durante las últimas décadas, ha traído consigo que los nuevos deslindes hayan dejado dentro del dominio público marítimo-terrestre a muchas pequeñas construcciones que estaban consolidadas en sus núcleos costeros y entornos, desde bastantes décadas antes de que se hicieran esas nuevas alineaciones.

Desde SomosMediterrania apoyan esta propuesta «necesaria para proteger núcleos urbanos con valor etnológico, como primer paso para trabajar en la redacción de una nueva Ley de Costas de defensa y no de retirada como la actual».

Esta asociación de vecinos afectados por los deslindes recalcan la «necesidad de una nueva planificación alineada con las Directrices del Parlamento Europeo» Y «una gestión sostenible de los sedimentos que se retienen en los puertos y embalses para evitar la destrucción de los ecosistemas costeros y el hundimiento de los deltas y los arenales de las playas.

En definitiva, una nueva Ley «para la Costa», que impulse el principio de que «quien contamina paga» para preservar nuestro patrimonio territorial de forma sostenible y proteja los derechos de los ciudadanos, evitando la indefensión jurídica a la que estamos sometidos con la ley actual, como ya advirtió el Parlamento Europeo al Gobierno de España.