Mazón propondrá a Sánchez la creación de una «autoridad independiente de infraestructuras»

En este sentido Mazón ha insistido en que esta autoridad «permitiría avanzar para que los territorios se preparasen para estas infraestructuras en función del rigor». Además, el dirigente valenciano ha pedido que «no se utilice como una herramienta arrojadiza».

El anuncio del president llega tras el hecho de que el Gobierno se plantee el estudio de la segunda pista para el aeropuerto de Alicante-Elche para el próximo periodo de inverisones. Mazón ha denunciado los retrasos que provocará y que «cada día que pasa hemos perdido 2,2 millones de euros del PIB provincial». El jefe del Consell asegura que, con los plazos de redacción del proyecto, licitación y obras, la pista no estaría funcional «hasta el 2036».

Es por ello que Mazón ha criicado esta decisión asegurando que «es un aplazamiento en si mismo y una pérdida de oportunidad», al mismo tiempo que pide «una modificación del actual marco inversor planificador, no esperar al siguiente«.

Mazón ha reclamado la puesta en marcha «inmediata» de esta segunda pista y asegura que, gracias al estudio, «nuestras reivindicaciones llevan más carga de argumentos técnicos si cabe», por lo que el dirigente valenciano insiste en que «la necesidad de una segunda pista es concluyente».

La Cámara de Alicante ha alertado en su estudio que en los próximos seis años casi 14.800 puestos de trabajo podrían no mantenerse o no crearse debido a la ausencia de esta segunda pista. Ramas como hostelería, actividades recreativas, hoteles y otros tipos de hospedaje, venta de combustibles, comercio al por menor o actividades inmobiliarias se verían afectadas por esta situación.

Entre los principales datos que manejan desde el gabinete de estudios del organismo cameral destaca el avance del tráfico aéreo, al que, según argumenta, no podrá hacer frente la terminal alicantina sin contar con la segunda pista.

De hecho, se calcula que hasta 2030 se dejarían de recibir más de dos millones de pasajeros de media anualmente, ya que la terminal no contaría con la infraestructura necesaria para abordar estos aumentos de visitantes. Lo que afectaría también al gasto turístico, estimado en cerca de 6.500 millones de euros para el periodo 2024-2030.

De no acometerse dicha estructura el PIB provincial temblaría y las consecuencias serían nefastas, advierte la Cámara. El estudio resalta que la renta en riesgo estaría en torno a los 800 millones de euros anuales, los cuales no se generarían. Una realidad que perjudicaría esencialmente al sector servicios, uno de los principales de la provincia en términos de generación de empleo.