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El Consell ha comenzado a trabajar en una nueva Ley de Costas que protegerá las viviendas amenazadas por los deslindes de la normativa estatal. La consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, ha presentado los principios básicos de esta nueva legislación con la que se pretende que la Generalitat sea la que decida los usos y actividades que se desarrollen en los 500 kilómetros del litoral autonómico.
Las direcciones generales de Costa y de Urbanismo trabajan en la redacción definitiva de la ley con la intención de aprobarse el próximo año. Sin embargo, la consellera ha explicado alguno de los principios rectores de la misma. Si acaso el más importante, la protección de las construcciones incluidas en el deslinde de la Ley de Costas nacional.
A tal fin, la Generalitat declarará «patrimonio cultural» los poblados históricos ubicados en primera línea de costa, a los que se les dará «singular protección», ha declarado la consellera. La intención del Consell es «ponerlos en valor y salvaguardar los bienes».
500 kilómetros de litoral
en la Comunitat Valenciana
15% del PIB de la Comunitat
se da en la franja litoral
70% de la población en la autonomía
reside a menos de 10 kilómetros de la franja litoral
Mientras entre en vigor la nueva Ley de Costas autonómica, la consellera de Medio Ambiente ha prometido que «va a defender a los vecinos de los deslindes» a través de recursos judiciales y alegaciones. Pradas entiende que son «desmanes injustos y arbitrarios» por parte del Gobierno. Por ello, el Consell va a «contener los efectos de los deslindes» con la nueva Ley de Costas.
La nueva Ley de Costas revisará el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) para «dotar de mayor seguridad jurídica» a los vecinos.
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La intención de la Generalitat es «simplificar los usos y autorizaciones» de las actuaciones en la costa. Y que sea la Administración autonómica la que decida sobre las actividades de hostelería, deportivos o actividades que se puedan realizar en el litoral. En definitiva, elaborar una norma de «usos permitidos y prohibidos en todo el territorio». Hasta ahora, eran los ayuntamientos quienes reclamaban autorización al Consell. A partir de ahora, será el gobierno regional el que lo tramite.
Esta nueva normativa «respeta» a la Ley de Costas nacional, a pesar de que pueden producirse conflictos de competencias. Al respecto, la consellera de Medio Ambiente entiende que estas posibles confrontaciones se pueden dirimir en las comisiones bilateral que se mantendran con el Ejecutivo central a lo largo del desarrollo del proyecto normativo.
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