El TSJ suspende los recortes de profesores y obliga al Consell a aceptar las plantillas del Botànic

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha suspendido cautelarmente las instrucciones de la Conselleria de Educación sobre las plantillas de profesorado en los centros educativos promovidas este verano por la actual Generalitat Valenciana del Partido Popular. Por tanto, mantiene en vigor los acuerdos suscritos en junio de 2023 por la anterior Adminsitración del Botànic con los sindicatos en la Mesa Sectorial.

De esta manera, la planificación de las plantillas organizada por el Consell del PP queda anulada y, por tanto, sigue en vigor la del anterior gobierno autonómico, que preveía hasta 5.000 docentes más en los cursos 2023-2024 y 2024-2025. Para el curso recién iniciado se prevén 1.400 plazas más que la Conselleria debería proveer tras la resolución judicial.

El Tribunal considera que no está constatada la pretendida nulidad de aquellos acuerdos. Entiende que la Abogacía de la Generalitat no ha aportado «resolución judicial o administrativa» que así lo declare. Del mismo modo tampoco se ha aportado por la representación de la Administración una impugnación que cuestione su legalidad.

Además, la denuncia en mayo de 20024 de esos acuerdos de la Mesa Sectorial, sobre la que se fundamentan las instrucciones posteriores de la Dirección General de Personal Docente de la Conselleria de Educación, podría ser «manifiestamente extemporánea» conforme al artículo 38 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Los magistrados, sin entrar en el fondo del asunto al ser una resolución sobre medidas cautelares presentadas por dos sindicatos, estiman esta suspensión cautelar al entender que tienen «apariencia de buen derecho».

La decisión adoptada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso del TSJCV afecta a las plantillas de profesores de las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Educación Especial y Educación de Personas Adultas.

La Sala señala en los dos autos notificados este miércoles que el interés público al que alude la Administración autonómica en su respuesta a los recursos «tampoco ha de excusar la adopción de la medida cautelar» instada por los sindicatos.

En este sentido -apunta el Tribunal- ese interés público se ve precisamente «salvaguardado» con la aplicación de la normativa que debe considerarse vigente en estos momentos.

Los autos pueden ser recurridos en reposición y, en el caso de que devengan firmes, serán publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

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