En busca de soluciones a la polémica de unificar la selectividad en el campus de la Universidad de Alicante
La institución académica creará una comisión para valorar medidas que «beneficien» a los estudiantes de L'Alcoià y El Comtat, afectados por la movilidad
La Universidad de Alicante vuelve a arrancar el curso en busca de consenso. En esta ocasión no por sus estudios propios -como bien sucedió el pasado año con el culebrón de Medicina-, sino por el paso previo: la selectividad. La institución académica tomó en julio la decisión de unificar los exámenes en el campus de San Vicente, la cual rechazaron los municipios de El Comtat y L'Alcoià.
Los Ayuntamientos de las principales zonas afectadas salieron a la defensa de continuar celebrando las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en los centros de sus localidades, como se ha venido haciendo desde décadas atrás. Se trata de una reivindicación que han mantenido, sobre todo, por problemas de movilidad del estudiantado.
Así, con el fin de zanjar la polémica y buscar soluciones, la rectora Amparo Navarro ha mantenido una reunión con los representantes políticos de estos municipios de Alicante, entre ellos: alcaldes de Alcoi, Toni Francés; Cocentaina, Rubén Muñoz; Muro, Vicent Molina; y Banyeres de Mariola, Josep Sempere; junto a los vicealcaldes de Alcoi y Cocentaina, Álex Cerradelo y Jordi Pla.
El encuentro ha contado también con la participación del vicerrector de Estudiantes y Empleo, Raúl Ruiz Callado; el de Estudios y Calidad, Francisco Torres Alfosea; el de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral, Salvador Ivorra Chorro y el director del Secretariado de Acceso y Orientación Universitaria, Juan Matías Sepulcre, responsable de las pruebas en la UA; con el fin de resolver las preocupaciones sobre la centralización de la selectividad.
Tras la exposición de motivos, ambas partes han acordado crear y poner en marcha una comisión de trabajo que ponga sobre la mesa todos los aspectos a tener en consideración: desde las infraestructuras y servicios que se prestan, la seguridad o la asistencia médica y psicosocial, hasta la custodia de los exámenes, la composición de los tribunales o la movilidad.
Con este órgano se pretende explorar, conjuntamente, la búsqueda de soluciones que, sobre todo, «no supongan un menoscabo en la igualdad de oportunidades y beneficien al estudiantado de la zona», según han coincidido las partes.
La rectora Amparo Navarro ha reiterado que la decisión de centralizar las PAU en el campus de San Vicente obedece «única y estrictamente a criterios académicos y, particularmente, de equidad para los estudiantes que, actualmente, se garantizan en el campus de San Vicente» y se ha mostrado «abierta y confiada» en lograr soluciones de consenso «aceptables y beneficiosas para todas las partes y que no vayan en detrimento del estudiantado afectado».
Por su parte, los cuatro alcaldes, que han basado su argumentación, principalmente, en cuestiones relacionadas con los problemas de movilidad, también han expresado su confianza en lograr el acuerdo. En este sentido, han incidido también en que con la experiencia de estos 40 años albergando las pruebas «se pueda lograr superar cualquier obstáculo para seguir garantizando su viabilidad».
