Malestar en Alicante por un arranque a dos velocidades de la nueva ley del plurilingüismo

Este viernes 23 de febrero finaliza el plazo para que los centros educativos alicantinos y de toda la Comunitat notifiquen a la Conselleria de Educación si modifican su proyecto lingüístico de centro (PLC), algo que tras la prevista derogación de la Ley del Plurilingüismo implantada por el Botànic, permitirá a los centros reducir el peso de la enseñanza en valenciano únicamente a la asignatura de lengua propiamente dicha. Cumpliendo este plazo, Educación quiere avanzarse al proceso de matriculación para el próximo curso, por lo que el nuevo modelo entraría en vigor en el ejercicio 2024-25. 

No obstante, este calendario solo afecta a los centros ubicados en las zonas con predominio lingüístico del castellano, que en la provincia de Alicante se distribuyen principalmente entre las comarcas de la Vega Baja y el Alto Vinalopó.

En el resto de la provincia, no se espera que el nuevo modelo entre en vigor antes del curso 2025-26. Esa implantación en dos velocidades ha generado malestar entre algunos colectivos de padres, que piden una homogeneidad del calendario de implantación en toda la Comunitat. 

Desde Covapa, la Confederación valenciana de padres y madres de alumnos -donde se encuentra integrada la federación provincial Gabriel Miró de Alicante-, su presidenta considera «discriminatoria» esta aplicación desigual. Esas quejas llega especialmente desde Elche o Alicante ciudad, que como recuerda Terrero, «en la práctica son zonas castellanoparlantes, pero al estar consideradas de predominio valencianohablante no podrán decidir hasta el curso que viene. Entendemos que la ley no permita aplicar la modificación con la celeridad que nos gustaría en estas zonas, pero eso no impide que estas familias se sientan perjudicadas, porque no tienen el mismo derecho a decidir».

El proceso de elección que culmina este viernes se lleva a cabo en el seno de los consejos escolares de cada centro, donde están representados los profesores, el equipo directivo, el personal no docente, y representantes de padres y madres. Desde Covapa no están conformes con el peso que tiene este último colectivo a la hora de votar por un cambio en el PLC, por lo que ven «mermada la libertad de las familias a decidir» la lengua en que se vehicula la educación de sus hijos.

Terrero propone que la votación se haga con la participación de toda la comunidad educativa, es decir, abriendo la participación a todos los padres y madres, y no solo a aquellos presentes en el consejo escolar. «El personal del centro suele votar en bloque, así que la paridad de las familias se ve reducida. Consideramos que el trato es desigual».

A efectos prácticos, la presidenta de Covapa plantea que se siga el modelo que ya se aplica para la elección del tipo de jornada (ya sea intensiva o partida), donde la votación se hace mediante urna y con la participación de todos los padres y madres.

Otros colectivos no comparten esta visión sobre el peso que deben adoptar las familias en la elección del proyecto lingüístico. Es el caso de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la Provincia de Alicante (FAPA - Enric Valor), perteneciente a la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya, desde donde consideran que «no hay criterios pedagógicos que sustenten la libre elección de las familias en materia lingüística» propuesta por la nueva ley.

En esos términos se expresa Ismael Vicedo, miembro de la junta directiva de la FAPA Enric Valor, quien asegura no entender por qué esa «pretendida» libertad de elección no se aplica a otras materias. «No sería lógico que un padre se negara a que su hija estudiara matemáticas solo porque no le gustan o no las considera útiles. Lo mismo debería ocurrir con el valenciano. El currículum docente no puede estar determinado por las opiniones o preferencias familiares, sino por criterios pedagógicos». 

Recordemos que la actual ley del plurilingüismo que el Consell quiere derogar establece porcentajes mínimos de un 25% para materias con valenciano como lengua vehicular, otro 25% para castellano, y entre el 15 y el 25% en inglés. Vicedo considera que reducir el peso del valenciano en esa distribución ocasionaría una «discriminación lingüística» para muchos alumnos, ya que no se podría garantizar que, una vez acabado 4º de la ESO (curso hasta el que tiene alcance el modelo), los alumnos de centros que optaran por el cambio no adquirirían las mismas competencias en valenciano que en castellano.

Para Vicedo, esta discriminación incidiría especialmente en territorios como la Vega Baja, tradicionalmente castellanohablantes, y cuya mayoría de centros se espera que cambien su modelo lingüístico a partir del próximo curso. «Un estudiante que acabe la secundaria en esta región, si no tiene al menos una cuarta parte de sus asignaturas en valenciano, estará en desventaja respecto a uno de la Marina Alta (con elevado predominio valencianohablante) en caso de presentarse a una oposición en la Comunitat (donde el valenciano puede ser un requisito, o por lo menos un mérito), o para acceder a una universidad pública como la UA o la UV (donde tendrá asignaturas en valenciano)», sentencia Ismael Vicedo.

En las antípodas respecto a este último posicionamiento se encuentra la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), cuyo secretario técnico, Rafael Araujo, celebra el modelo lingüístico promovido por el actual ejecutivo autonómico.

A su parecer, el propuesto por el Botènic solo ha servido para «el chantaje y la imposición de una lengua sobre otra». «Las lenguas no se imponen, se proponen. Entendemos que en la libertad es donde está el futuro de ambas lenguas», asevera Araujo.

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