La consulta del valenciano o castellano en los colegios divide a las familias de Alicante

Este martes arranca la consulta para que las familias puedan elegir la lengua base en la educación de sus hijos. En otras palabras, elegir entre clases mayoritariamente en valenciano o en castellano. La llamada Ley de Libertad Educativa va a otorgar a los padres el poder de elegir un aspecto clave en la educación de sus vástagos, algo que no despierta el consenso entre las familias de la provincia de Alicante. 

Algunas entidades de padres y madres consideran que esa libertad que podrán ejercer de cara al próximo curso no está sustentada por criterios pedagógicos. Así lo consideran desde la FAPA Alacant Enric Valor, perteneciente a la Confederació d'AMPEs Gonzalo Anaya, y desde la que hacen una enmienda a la totalidad a la ley. 

El portavoz de la entidad en Alicante, Ismael Vicedo, asegura que la nueva ley conlleva que la administración autonómica «se desentienda de la planificación educativa». Asegura Vicedo que las políticas educativas en la Comunitat deben garantizar que al final de la etapa de educación obligatoria (tras 4º de la ESO) el alumno debe adquirir las mismas competencias en valenciano como en castellano, algo que a su juicio, la nueva ley del gobierno de Mazón no garantiza.

«Cuesta creer que las familias vayan a dejarse llevar por criterios pedagógicos a la hora de votar. La nueva norma debería poner los objetivos pedagógicos en el centro de todo, igual que ocurre con otras asignaturas». Como ejemplo, el integrante de la FAPA Enric Valor alude a materias como Inglés, Conocimiento del medio o Matemáticas, «cuyos contenidos a nadie se le ocurriría someter a consulta de las familias». 

Vicedo también lamenta que la libertad de elección no afecte a todos los alumnos por igual, ya que muchos estarán condicionados por el número de unidades del centro en el que estudien. Para entender esto hay que recurrir a lo que dice la ley, que en su apartado de anexos establece la distribución de unidades en función del porcentaje de familias que hayan optado por cada lengua cooficial como lengua base.

De esta forma, en el caso de que solamente haya una unidad, la lengua vehicular será la más votada por mayoría simple. «Con unidades de 25 alumnos (ratio máxima), si hay 13 votos por la lengua A y 12 por la B, las clases se vehicularán en la lengua A, por lo que 12 alumnos no podrán ser educados en la lengua elegida».

Si hablamos de dos unidades (la ley establece supuestos hasta para 10 unidades), en caso de que una de las dos lenguas sea elegida por más del 75% de los padres, estará será la que se aplique en las dos unidades. En caso de que una de las dos tenga entre el 50 y el 75 % de los votos, cada unidad tendrá una lengua base diferente. «Con dos unidades podemos hablar de 50 alumnos. 35 votan por la lengua A y los restantes 15 por la B. Eso hará que 10 de los que hayan votado por la opción A, tengan que estudiar en la lengua que no han escogido», sentencia Vicedo.

Esta postura contrasta con la de la presidenta de la Confederación Valenciana de APAs/AMPAs (COVAPA), Sonia Terrero, que también es secretaria general de la FAPA Gabriel Miró. Para ella, el borrador de la ley se ciñe a las principales reivindicaciones de las entidades que representa, aunque reconoce haber planteado algunas objeciones a la norma.

Entre las que finalmente han sido atendidas, destaca el hecho de que en el resultado de la consulta no se hagan públicos los nombres propios de progenitores o alumnos, algo que según Terrero debe «evitar que se persiga o señale a los padres en función de la opción elegida».

También exige un «control y vigilancia absoluta» para que ningún integrante de la comunidad educativa (ya sea perteneciente a ampas, equipos docentes, directivos…) «presione o intente engañar a las familias para que vote por una opción determinada». A su vez, ese control debería evitar cualquier forma de expresión a través de pancartas o carteles exhibidos en los centros que intenten condicionar la elección familiar.

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