La reducción de jornada en pymes y comercios alicantinos: más contratación temporal y desajustes de plantillas
Fempa advierte de que en convenios como el del comercio la reducción supera las 88 horas anuales y asegura que esta podría afectar a la negociación de nuevos marcos laborales
El pasado 5 de febrero el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales. Uno de los acuerdos más ambiciosos que dio pie a la formación del actual gobierno de coalición entre PSOE y Sumar va cogiendo forma y parece ser que entrará en vigor a mediados de 2025, tal y como asegura la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Han sido numerosos sectores de la provincia de Alicante y patronales los que han alzado la voz para criticar esta norma que no tuvo en cuenta al empresariado. Ramas como la hotelera han avisado de que subirán los precios al tener que aumentar plantillas para seguir dando servicio en horarios habituales y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) alertó de incremento de costes para las empresas y de consecuencias en la productividad.
En toda esta vorágine de reacciones y consecuencias, son las pequeñas y medianas empresas y los comercios los que más notarán los efectos, que tendrán especial incidencia en la provincia de Alicante al presentar un tejido productivo constituído en su gran mayoría por compañías de este tipo.
La secretaria general de la Federación Empresarial de la Provincia de Alicante (Fempa), Rosa Sánchez, explica que el sector del comercio, en este caso del metal, sí que se verá «bastante perjudicado» por la reducción de la jornada, ya que serán 88 horas anuales menos, el doble que la reducción en por ejemplo la industria metalúrgica.
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Para Sánchez, esto va a derivar en que aumente «la contratación a tiempo parcial», por lo que la medida podría conllevar un empeoramiento de las condiciones de contratación. «Si soy un pequeño comercio con un único dependiente y este me desaparece una hora al día tengo que ver cómo lo suplo, por lo que aumentará la contratación a tiempo parcial, porque el horario comercial se tiene que mantener», expresa la secretaria general de Fempa.
La directiva critica que esta medida «se quiera realizar sin los agentes implicados directamente» y asegura que las formas «son más que cuestionables», al tiempo que advierte sobre el problema que conllevará en la firma de nuevos convenios al ser «un incremento implícito del salario, ya que no va acompañada de una reducción de la retribución».
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Sánchez explica que estos costes «se tendrán que sumar a los incrementos que se pacten, si esto sale adelante las empresas tendrán que repercutirlo en estos». Además, avanza que «los sectores que tengan convenios cerrados tendrán que asumir, pero cuando se tenga que negociar en las mesas se va a tener en cuenta esta reducción de jornada para subir salarios».
La secretaria general de Fempa asegura que «en el caso de industria este incremento inducido va a suponer un 2%, y en el caso del comercio es el doble, de casi un 5% de incremento inducido», y avisa de que se harán cálculos para saber el impacto, aunque el foco de preocupación para las pequeñas empresas «está en el trastorno a nivel de organización de plantillas».
Impacto a las pymes
Desde la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) alertan de que en sectores clave en Alicante como las actividades inmobiliarias, hostelería, agroganadería o comercio un 85% de los trabajadores tienen por contrato más de 37,5 horas. En total calculan que, de seguir adelante la norma, esta conllevaría un coste directo de 11.800 millones de euros para las pymes.
Un impacto que aumentaría considerablemente cuando se tengan en cuenta las nuevas contrataciones y el pago de horas extra. Y es que es precisamente este primer aspecto el que más preocupa en cuanto a la posible repercusión en las pymes y comercios de la provincia de Alicante, que se verían abocados a aumentar la contratación con condiciones como media jornada o de temporalidad.
