Patronales alicantinas rechazan en bloque la reducción de la jornada laboral

Hace dos días, este 5 de febrero, el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de ley para reducir hasta las 37,5 horas semanales la jornada laboral, sin pérdida de salario. Una medida que avanza imparable desde hace más de un año de saltar a la palestra como una norma imprescindible a ojos de Sumar para formar el gobierno de coalición con el PSOE.

Tras numerosas reuniones, se firmó con los sindicatos este acuerdo, mientras que el sector empresarial se ha opuesto en todo momento. Ahora, a falta de tramitar todo el proceso de la ley, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, calcula que la norma se hará efectiva a medidados del 2025, una noticia que no ha gustado a las patronales y asociaciones empresariales de Alicante y la Comunitat.

Todas coinciden en lo mismo: la medida perjudicará a las empresas. Así, en numerosas ocasiones la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha clamado contra esta ley, que llegó a calificar de «populista e irresponsable» hace más de un año. Su presidente, Salvador Navarro, ha mostrado en numerosas ocasiones su preocupación por las «consecuencias» que podría tener la ley en la productividad de las empresas y en su competitividad.

Desde la CEV mantienen la misma postura que desde el inicio y avisan que la adopción de medidas «que incrementen los costes laborales o reduzcan la flexibilidad empresarial podrían frenar la generación de nuevos puestos de trabajo y afectar a la competitividad de las empresas, especialmente las pymes». En este sentido el empresariado califica de «fundamental» apoyarse en la negociación colectiva «para acordar medidas que favorezcan la estabilidad del empleo y no introduzcan barreras a la contratación».

Con la posición de la CEV coincide la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal), que ha criticado la decisión del Consejo de Ministros y ha asegurado que la norma «tendrá un impacto neutro entre los trabajadores y un fuerte efecto negativo en la viabilidad de muchos negocios de autónomos y pymes». Cabe recordar que el grueso de las empresas de la provincia tiene un pequeño tamaño, con plantillas reducidas.

El presidente de Uepal, César Quintanilla, alerta de que la medida «va a suponer un problema a muchas empresas», y hace especial mención a estas microempresas y pymes. Por ello Quintanilla llama al ministerio a recapacitar y tomar otras medidas como «un control de la inflación, atender la cuestión de la vivienda, ajustar la fiscalidad de las empresas y autónomos y establecer un debate sobre las pensiones».

El rechazo a esta reducción de jornada laboral también se fragua en sectores importantes para la provincia como la agricultura, el turismo o el calzado. Desde la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) Alicante califican la decisión de «una nueva piedra para el sector agrario» y su presidente, José Vicente Andreu, recuerda que el campo «sufre una grave falta de mano de obra».

El dirigente de Asaja Alicante explica que esta reducción de jornada traerá «una subida de costes para los pequeños y medianos agricultores, que tendrán que cubrir las mismas tareas en menos horas de trabajo», al tiempo que avisa que al largo plazo la ley acabará por subir «los precios de las frutas y hortalizas al consumidor por el coste que tienen que asumir los productores».

Y es que en la provincia prevalecen las explotaciones agrarias pequeñas de cítricos, cereza u olivar, que requieren «un trabajo de recolección manual», un trabajo que Andreu insite que «por la orografía del terreno y el pequeño tamaño de las fincas no puede desarrollarse con maquinaria agrícola», por lo que desde Asaja Alicante afirman «que sufriremos especialmente las consecuencias de esta medida que no responde a la realidad de nuestro campo».

La medida no solo traerá subidas de precios en el campo, desde la patronal hotelera de la Comunitat también alertan de que la reducción de la jornada laboral «aumentará los costes y precios» del sector. Así lo asegura su presidente, Fede Fuster, que ve inevitable que esto suceda. Hace especial mención a aquellos hoteles que operan 24/7 horas y que necesitan jornadas de ocho horas para ser productivos.

Y es que la configuración de estas empresas hoteleras es clave en este caso, ya que el personal supone «un 40% de los gastos de estas compañías intensivas en el uso de personas», expresa Fuster, quien, en línea con lo que denuncia la CEV, critica que estas medidas de calado «se tomen al margen de la negociación colectiva, que es donde se produce el verdadero diálogo social».

Desde la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) coinciden con la posición de estos sectores y ya avisaron de que la reducción de la jornada laboral conllevarúia subidas del 10% en los costes, cifras que calificaron de «inasumibles» y que acabarían por «asfixiar a las empresas del sector, lo que inevitablemente se traducirá en una reducción del empleo».

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