Los plazos de los desahucios de 'inquiokupas' en Alicante alcanzan récord y ya superan el año de espera
La demora judicial puede extenderse por encima de los 15 meses, el nivel más alto hasta la fecha | Solo un tercio de las demandas con seguro tienen salida, el resto se basa en el proceso de negociación
El proceso de desahucios por impagos del alquiler se encuentra en máximos de tiempo. Los plazos desde que se pone la demanda hasta el desalojo del 'inquiokupa' ya superan los 15 meses en algunos casos, el nivel más alto registrado hasta la fecha en España, según detallan los últimos datos recogidos por la aseguradora Arrenta Sabseg.
Si bien las provincias de Madrid, Sevilla, Málaga y Tarragona presentan los plazos más elevados, en la provincia de Alicante también se ha disparado la duración. Desde la aseguradora apuntan a problemas diversos que provocan importantes retrasos, como admisiones a trámite lentas, la alta saturación judicial o los retrasos en fase de lanzamiento.
Así, el proceso de desalojo de 'inquiokupas' pasa por tres fases. En una primera instancia se produce el impago inicial, entrando en una fase «precontenciosa», que se alarga entre tres y cuatro meses, ya que se obliga a una mediación previa antes de presentar demanda. Los juzgados obligan a aguardar varios meses hasta certificar que se trata de un impago y no un mero retraso.
Tras ello viene la «admisión a trámite», en la que el juzgado admite la demanda, un proceso que se dispara por encima de los cuatro meses en Alicante. Tras ello, la última fase es el lanzamiento, que puede elevarse por encima de los ocho meses desde la demanda, ejecutándose el desahucio en el caso de no alcanzar acuerdo.
«Solo la fase de mediación previa se ha incrementado en torno a dos meses adicionales», aseguran desde Arrenta. Con todo ello el plazo medio se dispara por encima de los 15 meses en muchos casos, mientras que en la provincia de Alicante se encuentra entre los 12 y 15 meses de media.
Eso sí, desde la asegurado indican que tan solo un tercio de los desahucios llegan a ejecutarse, ya que el resto de las demandas con seguro de impago no apuran hasta el lanzamiento «gracias al trabajo de mediación y a la eficacia en la selección de inquilinos».
Fase de negociación
Desde Arrenta apuntan a que entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia de la Justicia (Ley MASC) ha elevado aún más los plazos al introducir una fase de mediación previa obligatoria «antes de imponer la demanda». Un paso previo que ha alargado la fase anterior a la demanda en unos dos meses, «aunque también está permitiendo resolver más casos por vía extrajudicial».
De hecho, las denuncias por okupación en Alicante han sufrido un gran desplome debido a la entrada de esta ley. En el primer semestre del 2025 se han registrado 70 denuncias en Alicante, una cifra que choca con las demandas alcanzadas durante el primer semestre del pasado año, cuando se anotaron el doble, 143, en Alicante, y casi 230 en el territorio autonómico.
De hecho, tan solo en el segundo trimestre de 2025 se han registrado 34 denuncias por 'okupación' en Alicante, dos de cada tres de las contabilizadas en los juzgados de la Comunitat, y una caída del 46% respecto al mismo trimestre del 2024. Una caída que coincide con la ley que obliga a los propietarios a negociar e intentar llegar a un acuerdo previo.
Desde el portal inmobiliario Idealista explican que esto ha provocado que «los propietarios tomen vías alternativas y no opten por denunciar». Aquí juegan un importante papel las empresas de 'desokupación', que han adquirido importancia en los últimos años. Estas empresas especializadas en desalojos son cada vez más comunes en casos como el de 'inquiokupación', cuando los inquilinos se niegan a pagar las rentas acordadas. Una estadística «que no está dentro de las oficiales de denuncias», expresan desde el portal inmobiliario.
