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Hasta 42 municipios de la provincia de Alicante se han sumado de momento al Plan Vive, el ambicioso proyecto de la Generalitat Valenciana para construir 10.000 viviendas públicas en toda la Comunitat. Por el momento el territorio de la Costa Blanca es el que menos localidades inscritas tiene, por las 56 de Castellón y 87 de Valencia.
El plan, que nació hace cuatro meses, sigue avanzando y ya son varios municipios de grandes dimensiones los que se han adherido y optarán por ceder terreno público para la construcción de vivienda. Se tratan de Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela o Benidorm, entre otros, aunque también otras pequeñas localidades de la provincia.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha recordado que el Plan Vive es «un proyecto ambicioso para afrontar el reto del mercado inmobiliario». Las adhesiones al proyecto de todos los municipios hasta la fecha, 185 en toda la Comunitat, supone que 3,3 millones de personas se encuentren bajo el radio de acción de este plan, un 64% de la población de la autonomía, según indican desde el Consell.
Mazón, quien ha agradecido el compromiso de los ayuntamientos para «abordar uno de los grandes problemas de nuestra sociedad», ha querido recordar que el de la vivienda «es un problema común que precisa de un frente común para facilitar el acceso a los ciudadanos a un recurso habitacional asequible».
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Es por ello que desde el Consell han avanzado que Generalitat, Federación Federación Valenciana De Municipios Y Provincia, consistorios y sector privado se encuentran abordando los trámites «para comenzar la construcción de viviendas a lo largo de la Comunitat».
De hecho son muchas las localidades que ya han ofrecido suelo a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), que se encuentra estudiando la fase. Además, se ha iniciado la licitación del concurso de derecho de superficie para a promoción, construcción y gestión de 720 viviendas de protección pública en 13 parcelas distribuidas en ocho municipios.
Cabe recordar que el Plan Vive generará en el territorio una inversión superior a los 7.300 millones de euros en los próximos tres años, equivalente a un 2% del PIB de la Comunitat. También prevé la creación de 74.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos y generará 487 millones de euros de recaudación directa (IVA).
El ambicioso plan de la Generalitat se articula en tres ejes: seguridad jurídica, cooperación administrativa y colaboración público-privada. En una primera instancia se enmarcan las iniciativas legislativas, ya puestas en marcha, sobre normas para la construcción de estas viviendas.
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Óscar Bartual Bardisa
En una segunda parte, además del convenio con la federación de municipios, se ha realizado por el momento un estudio de suelo público que pertenece a los ayuntamientos de las localidades de más de 10.000 habitantes.
En cuanto a la tercera instancia, el plan contempla sacar a concurso los derechos de superficie o concesión administrativa destinado a desarrollar por el sector privado estas promociones para alquiler asequible por un periodo determinado. También se prevé las permutas de suelo/inmuebles que permitan concursos para promoción de vivienda protegida sobre suelo público y la entrega a la Administración de viviendas para fines sociales, entre otros.
A esta nueva legislación se le suman otras medidas tomadas por la Generalitat, como las de simplificación de los trámites burocráticos para la concesión de licencias, las reducciones fiscales para colectivos vulnerables, o los avales del Instituto Valenciano de Finanzas para facilitar el acceso a una hipoteca a los jóvenes de hasta 45 años.
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