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En poco más de quince días, el calzado ha pasado de encajar el retroceso de las exportaciones a sacar orgullo de pertenencia. La presentación del 'Barómetro empresarial' de la Asociación Valenciana de Empresarios ha servido de lanzadera al sector para exhibir su aportación a la sociedad y reclamar, de nuevo, ajustes en la denominada Ley Crea y Crece.
La norma que determina cambios importantes en los pagos se ha convertido en un gran obstáculo para industrias que, como el calzado, trabajan a meses vista. De ahí que la patronal nacional Fice, ahora presidida por la empresaria ilicitana Rosana Perán, haya abierto una batalla por modificar una normativa que acaba, figuradamente, rompiendo temporadas y, en defintivas, zapatos; pues afecta de manera directa a la competitividad.
En un comunicado, FICE denuncia que «el incremento de la aportación del tejido empresarial a las arcas públicas choca con las crecientes trabas del Gobierno a la industria». Desde la patronal, se ha recordado que «las empresas españolas aportan un tercio de la recaudación fiscal, concretamente el 32%, muy por encima de la media del 25% en la Unión Europea», según un informe de la CEOE y que esta misma semana, el informe de AVE concluía que «el tejido empresarial español aporta el 86% del PIB y cerca del 85% del empleo». Además, con el Impuesto de Sociedades las empresas aportan 36.000 millones de euros.
Las exportaciones de calzado durante 2023 alcanzaron los 158,4 millones de pares y 3.260 millones de euros con un descenso en pares del 0,2% y un incremento en valor del 6,6% respecto a 2022. En el inicio del año, se confirmó que la bajada interanual era de un preocupante 24,5% en la provincia alicantina. El valor de sus exportaciones en enero de 2024 ha llegado a los 95,2 millones de euros. Aun así, sigue siendo el sector que más exporta en Alicante y supone un 17,9% del total.
La encargada de poner voz a esta demanda ha sido la secretaria general de la Federación de Industrias del Calzado de España (FICE); Marián Cano. La responsable también de Avecal asegura que los últimos datos sobre la aportación del tejido empresarial a las arcas públicas constatan la importancia que las empresas y los empresarios tienen en el desarrollo económico del país, por ello considera que «con esta evidencia es incomprensible que desde el ejecutivo nacional se estén poniendo trabas a industria zapatera, sobre todo en materia de medidas fiscales y laborales».
Cano quien advierte que «tal y como se constata en este estudio, el endurecimiento de la fiscalidad empresarial en España frena el crecimiento económico, ya que el hay que tener en cuenta que las empresas aportan aproximadamente un tercio de la recaudación fiscal, una presión fiscal superior a la de nuestros países vecinos que nos resta competitividad».
Desde la patronal zapatera se denuncia que las empresas se encuentran actualmente en una situación complicada derivada, básicamente, de la caída del consumo, consecuencia de la subida de la inflación y la disminución de la renta disponible en las familias.
«A la caída del consumo se suman los conflictos geopolíticos internacionales y el incremento de los costes de producción por el creciente precio de las materias primas. Y ante esto, desde el Gobierno se están adoptando medidas relacionadas con la regulación laboral que están perjudicando seriamente a las empresas», señala la secretaria de FICE.
Marián Cano añade que «el sector del calzado necesita estabilidad Laboral, es necesario respetar los acuerdos alcanzados en el diálogo social con acuerdos en torno a la jornada laboral y a los salarios. Además, pedimos más flexibilidad en la aplicación de los criterios por parte de la Inspección en torno a la figura de los fijos discontinuos que está generando importantes problemas a las empresas y modificar la Ley Crea y Crece que interviene en las relaciones entre las empresas condicionando la libertad negociadora de nuestras firmas en un mercado global en el que no se dan estas limitaciones.
«Esta situación muestra una pérdida notable de competitividad fiscal en nuestro país desde la posición anterior a la pandemia, reflejando el efecto de las subidas de impuestos a empresas y empresarios», advierte el informe del IEE. El Instituto destaca especialmente la preocupación por posibles subidas adicionales de impuestos, las cuales consideran que tendrían un impacto negativo tanto en la competitividad como en el crecimiento económico.
Marián Cano explica que tal y como explican desde el IEE, «una tributación empresarial superior a la de los países de nuestro entorno provocaría una deslocalización de inversiones, fuga de contribuyentes y desventajas competitivas a nuestros residentes«.
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