Asaja-Alicante exige aumentar las sanciones para proteger a agricultores y consumidores
Denuncian la diferencia entre el precio al productor y el que paga el cliente en productos como los limones
La organización agraria Asaja-Alicante ha calificado de insuficientes las sanciones impuestas este año por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) en materia de abuso de la cadena alimentaria. Desde esta entidad han reclamado un endurecimiento de las multas que persiguen entre otras ilegalidades el bajo precio de compra al productor frente al del cliente.
Los agricultares han denunciado que los datos publicados por el Ministerio de Agricultura confirman «la falta de voluntad política para hacer cumplir la Ley de la Cadena y proteger al sector productor». Insisten en que en toda España solo 21 operadores han sido sancionados durante este trimestre, y la gran distribución –principal responsable de fijar los precios en destino– continúa sin asumir consecuencias.
Es por ello por lo que Asaja-Alicante exige triplicar la cuantía base de las sanciones económicas y reclama más medios, presupuesto y agilidad para que AICA pueda investigar y tramitar las denuncias que afectan directamente a la rentabilidad de las explotaciones agrarias.
Según los datos oficiales de la AICA, en 2024 se impusieron un total de 181 sanciones, con un importe global de 959.705,69 euros y una media por sanción de 5.302,24 euros. En lo que va de 2025 se han registrado únicamente 78 sanciones, aunque con una cuantía total algo superior: 974.594,66 euros, lo que eleva la media a 12.494,80 euros por sanción, un 136% más que el año anterior. En conjunto, la cifra acumulada entre 2024 y 2025 apenas supera los 1,9 millones de euros, una cantidad que ASAJA-Alicante considera baja para dos años de aplicación de la Ley de la Cadena.
Aunque el importe medio de las sanciones ha aumentado un 136%, ASAJA-Alicante considera que las cifras siguen siendo muy bajas para tener un verdadero efecto disuasorio. El total acumulado en dos años apenas supera los 1,9 millones de euros.
Solo en este último trimestre se han impuesto 12 sanciones en todo el país, principalmente por prácticas habituales como no formalizar contratos por escrito, omitir los precios en los mismos, no subirlos al registro de AICA o resistirse a entregar documentación durante una inspección.
Para Asaja-Alicante, el sistema «está fallando». Según el presidente de la entidad, José Vicente Andreu, «las sanciones actuales no frenan los abusos, ni protegen a los agricultores, que son el eslabón más débil de la cadena. AICA no está dando respuesta a la realidad del campo».
Un buen año para el campo con la vista puesta en los precios
La organización alerta de que, tras un 2024 muy complicado por la sequía, el campo alicantino encara 2025 con mejores perspectivas de cosecha, pero con unos costes de producción disparados que comprometen la rentabilidad, incluso en cultivos de alta calidad.
Uno de los ejemplos más llamativos es el del limón Verna: mientras al agricultor se le ha pagado a 0,60 € el kilo, el consumidor lo ha comprado a 3 €, una diferencia que Asaja-Alicante considera inaceptable. «Se mantiene una desproporción excesiva entre lo que percibe el productor y lo que paga el consumidor», advierte Andreu.
Por ello, la organización exige a AICA una actuación más decidida, con inspecciones eficaces y voluntad de corregir estos desequilibrios. «La falta de intervención favorece las prácticas desleales y alimenta un modelo insostenible para los profesionales del campo. Es urgente un cambio de cultura en las relaciones comerciales», añade.
Asaja-Alicante subraya que solo mediante una ley clara y firme se puede obligar a los operadores con mayor poder –como la gran distribución– a respetar una renta digna para el sector primario. «El gran reto es mejorar los ingresos de agricultores y ganaderos. Si no se actúa ya, el campo dejará de ser una opción viable para las nuevas generaciones, y eso agravará el problema del relevo generacional», concluye Andreu.
