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El contrato de la basura lleva caducado en Benidorm desde 2018 TA
El Tribunal de Recursos Contractuales tumba la megacontrata de basuras de Benidorm

El Tribunal de Recursos Contractuales tumba la megacontrata de basuras de Benidorm

El TACRC da la razón al PSPV-PSOE y vuelve a poner el contador de la licitación a cero

Martes, 5 de marzo 2024, 16:41

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La licitación de la megacontrata del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza de espacios públicos, coloquialmente conocida como la contrata de la basura, del Ayuntamiento de Benidorm ha quedado anulada después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) haya estimado hasta cinco de los puntos sobre los que se basaba la denuncia presentada recientemente por el PSPV-PSOE de la capital turística contra el acuerdo del pleno municipal que daba luz verde a la tramitación del pliego que pretendía adjudicar ese servicio por 361 millones de euros y un periodo de 15 años.

En una resolución firmada a día 29 de febrero y a la que ha tenido acceso Todo Alicante, el TACRC ha acordado «estimar parcialmente el recurso interpuesto» y firmado por los ocho concejales socialistas en el consistorio benidormense, «en impugnación de los pliegos rectores de la licitación convocada» por el Ayuntamiento de Benidorm «para contratar el servicio de residuos sólidos urbanos y limpieza de espacios públicos del Ayuntamiento de Benidorm, anulándolos» en cinco aspectos clave.

En concreto, los puntos en los que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha dado la razón a los argumentos esgrimidos por los socialistas de Benidorm son los que hacen relación a la duración del contrato, la construcción de una base logística, la omisión de los parámetros para la determinación de las ofertas formuladas con valores que las hacen anormalmente bajas y los criterios evaluables mediante fórmulas y de juicio de valor de las ofertas presentadas, aunque este último sólo parcialmente.

Un plazo excesivamente largo y no justificado

Yendo punto por punto, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha comenzado valorando las cuestiones relativas a la duración del contrato, que el gobierno local del Partido Popular pretendía fijar en 15 años más uno de transición ya que, ese plazo y según entienden los socialistas, «vulnera lo establecido en el artículo 29.4 LCSP» alegando que «el plazo de vida útil y amortización de la maquinaria para la ejecución del contrato es menor al plazo de duración del contrato fijado en los pliegos» algo ante lo que, añade el documento, «el órgano de contratación expone que la cuestión se halla debidamente motivada en una serie de informes y documentos técnicos que obran en el expediente administrativo. Y que el plazo del contrato respeta las reglas del periodo de recuperación de la inversión prevista».

Fundamentando su decisión en una larga lista de ejemplos de la jurisprudencia, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha decidido que «procede, con la estimación del motivo, anular la duración del contrato por no estar adecuadamente justificado que coincide con el periodo de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con aquel».

Sin terrenos para la base logística

El segundo motivo del recurso presentado por los ocho ediles del PSPV-PSOE y que ha analizado el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales es el que «versa sobre la indefinición en los pliegos de la prestación consistente en la construcción de una base logística» y en la que los socialistas «hacen suyas las alegaciones contenidas en el informe de fiscalización del Interventor, que, en síntesis, manifiesta que en la Memoria Económica se manifiesta que la base logística será construida sobre un terreno cuya adquisición se realizará en un procedimiento independiente, que la solución constructiva se deja a discreción de los licitadores. El Anteproyecto de explotación únicamente incluye referencia a las instalaciones que deberá incluir y metros cuadrados que cada una deberá ocupar».

En su argumentación, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales considera que «no se justifica la concurrencia de ninguno de los requisitos exigidos para que el proyecto sea presentado por el empresario» y que «la entidad contratante no dispone de los terrenos necesarios para la ejecución de la obra».

Esas consideraciones, unidas a la jurisprudencia expuesta en el documento, «son suficientes para acoger los argumentos de los recurrentes» ya que «la exigencia de que los terrenos estén disponibles antes de que se inicie el procedimiento de licitación impide considerar la concreción de ese terreno como una condición legítima para modificar el contrato».

El Tribunal también ha decidido estimar el punto en el que los socialistas aluden «a la omisión en los pliegos de la fórmula para fijar el umbral de ofertas consideradas incursas en presunción de anormalidad». Aquí, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales alerta de que «la fijación en los pliegos de los criterios para determinar cuándo las ofertas se encuentran incursas en presunción de anormalidad es algo obligado de acuerdo con la ley» y que «no es, por tanto, algo opcional a criterio del órgano de contratación» ya que «los términos legales son muy claros al respecto: hay que fijar los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto. Lo cual se incumple en este caso, no pudiendo ser motivo para ello el hecho de que se hayan fijado unos umbrales de saciedad en la valoración matemática de las ofertas, excluyentes para aquellas que las superen».

Por todo ello, «se estima el recurso en relación a esta cuestión, debiendo fijarse en los pliegos necesariamente los correspondientes parámetros de apreciación de anormalidad de las ofertas».

Poca claridad en las fórmulas

Los dos puntos estimados (parcialmente) por el Tribunal que resultan más complicados de desentrañar son los relativos a los criterios de adjudicación del servicio. Aquí, tal y como consta en la resolución, «los recurrentes se alzan contra los criterios de adjudicación» e «incorporan una serie de consideraciones propias y hacen suyas, nuevamente, las realizadas por el Interventor en sus informes».

Así y, «en un intento de sistematizar los motivos enunciados en este punto por los recurrentes, consideramos», argumenta el Tribunal, que «los criterios evaluables mediante fórmulas son cuestionables en cuanto no se valora adecuadamente la reducción del precio por los licitadores» y que «las fórmulas definidas en el PCEAP para evaluar los criterios evaluables de forma automática limitan la puntuación a obtener por los licitadores, convirtiendo de facto a los criterios evaluables mediante juicio de valor en los más relevantes».

Por todo ello, y de nuevo tras una exposición de la jurisprudencia relativa a este punto, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales afirma que «a la vista de la motivación expuesta, cabe concluir que incumple palmariamente estos requerimientos. La utilización de expresiones estereotipadas que no tienen otro significado y finalidad que aparentar que se cumple el mandato de la LCSP cuando son un ejemplo de 'sit pro ratione voluntas', impide que consideremos motivada la imposición de umbrales de saciedad a los criterios evaluables mediante fórmulas».

Acuerdo plenario anulado

Por todo ello, y en una larga resolución de 43 folios de extensión, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha determinado «la anulación del acuerdo de aprobación de los pliegos», una decisión, añade esa misma resolución, que «es definitiva en vía administrativa» y contra la que «cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación».

Todo ello, lleva la tramitación de la megacontrata de la basura de Benidorm, un servicio que lleva caducado desde 2018, a la casilla de partida o, al menos, abocada a un importante y nuevo retraso a la espera de que el TSJCV resuelva el más que probable recurso por parte del gobierno local presidido por Toni Pérez.

Fuentes municipales han explicado a este diario que los técnicos municipales ya han recibido una copia de esta resolución y que ahora se abre un proceso de estudio de lo ahí expuesto para decidir qué pasos se darán desde el consistorio en el futuro.

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