La Subdelegación del Gobierno multa a agricultores concentrados en San Isidro

Irredentos agricultores mantienen todavía sus tractores en el polígono industrial de La Granadina, en San Isidro, y continúan la lucha por el campo más allá de la gran concentración del pasado viernes en la Vega Baja, el Alto Vinalopó y El Comtat. El campo no baja los brazos, buena prueba de ello es la marcha de vehículos industriales camino de Madrid este mismo miércoles.

Tampoco en la provincia de Alicante, donde desde este pasado domingo algunos agricultores mantienen las concentraciones en este punto clave de la logística en la Vega Baja. Una movilización que ha provocado momentos de tensión con los transportistas que acuden a las diferentes empresas a dejar mercancía o a recoger producto.

Una situación que las autoridades no desean que continúe mucho más. La Subdelegación del Gobierno ha comenzado ya a tramitar multas de hasta 1.200 euros a algunos de los agricultores allí convocados, con el 50% de rebaja por pronto pago.

La infracción consiste en «participar en una concentración no comunicada de forma activa, impidiendo la salida de vehículos pesados del polígono La Granadina, generando un colapso a nivel logístico, entre otras, en las diferentes empresas de alimentación mediante la obstrucción de la vía con diversos tractores», según reza el texto de la denuncia. La Guardia Civil, cumpliendo su obligación, ha desviado a los camiones y facilitado que puedieran seguir trabajando con la mayor normalidad posible.

Las multas a los agricultores convocados suponen, al entender de los manifestantes, un nuevo episodio para tratar de disminuir la capacidad de presión de las protestas y de disuasión de las mismas. Ya en las tractoradas convocadas por las organizaciones agrarias el pasado viernes se produjo una fuerte polémica cuando la Subdelegación del Gobierno desvió la marcha de tractores de las principales autovías de la provincia a carreteras secundarias, lo que diluyó sin duda su impacto.

Entonces, desde Asaja-Alicante se criticó duramente en un comunicado la actuación del subdelegado del Gobierno en la provincia, Juan Antonio Nieves, «por no estar a la altura del cargo» y por haberse «negado en rotundo» a que las organizaciones agrarias expresen sus reivindicaciones con «normalidad y sin querer ocasionar ningún malestar a la sociedad».

Esta actuación provocó un choque entre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que también pidió el cese de Nieves y la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé.

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