Secciones
Servicios
Destacamos
«Legalmente, la Administración tenía razón; pero, moralmente, la tenía yo». Así resume María (nombre ficticio) las acciones que ha emprendido para conseguir que le retiraran hasta mil euros en multas de tráfico, parte de un episodio que para esta ciudadana extranjera afincada en Xàbia ejemplifica las consecuencias de las demoras administrativas.
El historial médico de María incluye dos cirugías cerebrales por tumores, algo que le ha dejado secuelas indelebles y que limitan notablemente su movilidad. «Ya no puedo caminar sin muletas, no más de unos 15 metros, y con un dolor inconmensurable», asegura la mujer, que para moverse por el municipio donde reside ha venido haciendo uso de los aparcamientos habilitados para personas con diversidad funcional.
El problema reside en que lleva desde 2021 esperando una reinspección de su grado de discapacidad, y es que con el actual carece del derecho a hacer uso del aparcamiento reservado a este colectivo, algo que a pesar de todo ha seguido haciendo.
Aunque en su país natal tiene reconocida su incapacidad en un 100%, en España el reconocimiento fue del 52% en primera instancia (en 2013), que subió al 55% en una revisión ulterior. Sin embargo, la casuística en el reconocimiento de la discapacidad es muy variada, y con su actual reconocimiento María no tiene derecho al citado permiso de aparcamiento, aunque ella reivindica que es merecedora.
La ausencia de esa prerrogativa hizo que esta vecina de Xàbia se tomara la justicia por su mano, y empezara a usar una copia de la tarjeta de estacionamiento de su hijo para aparcar en las zonas habilitadas para discapacitados. Se da la circunstancia de que su vástago quedó parapléjico tras un accidente de moto, por lo que él sí atesora el permiso de aparcamiento especial.
«Su accidente me ocupó tanto que abandoné todas las acciones relacionadas con mi propia discapacidad. Todo lo que rodeó su accidente fue tan complejo que la burocracia me ocupó todo el tiempo», relata María en la misiva que envió al inspector jefe de la Policía Local de Xàbia, exponiendo lo que a todas luces consideraba una injusticia.
El uso indebido de la tarjeta de estacionamiento de su hijo motivó que le fueran interpuestas cinco multas, que a 200 euros cada una, ascenderían a un montante de mil euros. No era la primera vez que María vivía una situación similar, y es que en 2021 asegura que ya tuvo que pagar alrededor de 2.000 euros de multas de tráfico por infracciones de similar naturaleza.
Además de alegar por las recientes multas interpuestas, esta ciudadana holandesa expuso su situación al inspector jefe de la Policía Local de Xàbia en la que exponía su causa. «Para mi total sorpresa, cuando fui a pagar la serie de multas en la web de SUMA vi cómo se me había notificado que las multas habían sido retiradas», explica María. A pesar de todo, reconoce que su satisfacción es parcial, ya que sigue inmersa en el periplo burocrático que, confía, lleve al reconocimiento total de su discapacidad.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.