Ofensiva de los hosteleros de Guardamar: proponen declarar al actual equipo de Gobierno «no grato»

La temperatura va 'in crescendo' en la hostelería en Guardamar del Segura. El último episodio de la 'guerra' que mantiene el Ayuntamiento con este sector por la normativa municipal de ocupación de vía pública que exige la retirada de tarimas y cerramientos de las terrazas ha sido la creación de una plataforma «activa, social y reivindicativa».

La 'Plataforma de afectados por el reglamento para la ocupación de la vía pública en los comercios de Guardamar del Segura' reúne a más de 70 empresarios que trabajan y tributan en la localidad costera alicantina y que ven como con esta nueva normativa les obliga a retirar las tarimas de manera inmediata sin posibilidad de volver a usarla y al cerramiento de sus terrazas en horario no laboral, lo que ha puesto a todo el sector en contra de dicha medida consistorial y del propio gobierno municipal.

El comité de acción de dicha plataforma independiente anuncia que de forma inmediata pondrá en marcha diferentes propuestas sociales bajo el slogan 'Por unas terrazas dignas y seguras, sí a las tarimas' para informar a la opinión pública. Además, proponen nombrar personas non gratas al actual equipo de Gobierno Municipal respecto a su presencia en los locales afectados.

Además, cabe la posibilidad de seguir así, de una posible retirada de cualquier actividad vinculante con la hostelería y comercio en Guardamar como pudieran ser aquellas que se anuncian en Fitur -caso de semanas gastronómicas, la Ñora i el LLangostí, etc.- y la declaración de «personas non gratas» para a los políticos locales que nos han llevado a esta situación en los establecimientos afectados.

Desde la agrupación exigen que dejen de poner trabas a los hosteleros que «solo quieren trabajar en paz y seguir ofreciendo un servicio de calidad a los habitantes del pueblo y a los miles de turistas que nos visitan cada año y disfrutan de nuestras maravillosas, cómodas y, hasta el momento, seguras terrazas». Asimismo, concluyen recomendando una «revisión inmediata» del nuevo reglamento para adecuarlo a las necesidades reales del sector con el fin de mejorar la competitividad de los negocios de Guardamar.

La normativa afecta a los comercios reduciendo su espacio comercial a través de la limitación en la expansión de terrazas y expositores con el incremento de costes operativos -almacenamiento y logística adicionales- que ello supone. Además, supone una carga administrativa a través de los requisitos burocráticos extensivos que se exigen para obtener permisos; genera incertidumbre sobre las renovaciones y producen limitaciones publicitarias, con la consiguiente restricción del uso de carteles y elementos promocionales.

Por ello, desde la misma se exige al Ayuntamiento de Guardamar del Segura a que «se suspenda la aplicación la nueva ordenanza hasta que se consigan acuerdos beneficiosos para las partes y se avance en la negociación de la nueva ordenanza no sea sancionado ni adoptada ninguna otra medida contra ningún local en Guardamar por el incumplimiento de la obligatoriedad de la retirada de todo el mobiliario (incluyendo maceteros, césped artificial, pies de sombrillas, paravientos, separaciones y cualquier mobiliario existente) al terminar la actividad diaria ordenanza hasta que se consigan acuerdos beneficiosos para las partes y se avance en la negociación de la nueva ordenanza».

Tal y como se ha indicado a los perjudicados: «Se autorizará la ocupación de la vía pública con mesas y sillas, sombrillas y toldos, quedando excluidas las estructuras fijas ancladas al suelo y las tarimas». Igualmente confirma «la obligatoriedad de la retirada de todo el mobiliario (incluyendo maceteros, césped artificial, pies de sombrillas, paravientos, separaciones y cualquier mobiliario existente) al terminar la actividad diaria».

Como respuesta, desde la organización se advierte de la dificultad y las molestias que ocasionaría a los vecinos recoger sillas y mobiliario a altas horas de la noche. Asimismo, se preguntan qué deben hacer si al abrir los locales a primera hora encuentran coches aparcados en las zonas por las que están pagando para obtener un rendimiento económico. Igualmente destacan que la instalación de tarimas garantiza una mayor seguridad para los usuarios de las terrazas.

Aunque la ordenanza también recoge el derecho a solicitar «la instalación de señales de tráfico, tanto vertical como horizontal, de prohibición de aparcamiento en el espacio de la calzada destinado a terraza», miembros de la propia Policía Local de Guardamar han asegurado de manera extraoficial a la plataforma de afectados, que «no se puede garantizar la retirada de todos los vehículos para que los hosteleros puedan montar las terrazas en su horario de apertura» y que llegado el caso, si se les consulta, así lo expondrían en el pertinente informe.

Desde la agrupación denuncian que por parte del alcalde José Luis Sáez los concejales de la corporación, José María Hernández Campillo y Gisela Teva Quirant, se ha lanzado el mensaje de que los hosteleros, restaurantes, bares y cafeterías de Guardamar no se han puesto en contacto en estos dos años de carencia para tratar de solucionar el conflicto creado a partir de la elaboración de la modificación del reglamento, cuando ellos han presentado y registrado en el consistorio diferentes escritos de alegaciones que «nunca obtuvieron respuesta», sostienen.

«Es un hecho probado que los afectados presentaron escritos de alegaciones en tiempo y forma como dicta la ley. Que el Ayuntamiento no solo no hizo caso a sus peticiones de auxilio, sino que falta a la verdad cuando les acusa de no haber hecho nada en dos años, dando una mala imagen de dejadez y oportunismo a los empresarios que nada tiene que ver con la realidad sino más bien lo contrario por parte de los políticos encargados de gestionar la ordenanza y el nuevo reglamento ya que nunca contestaron ni tramitaron las alegaciones», exponen.

Según la plataforma al comparar esta nueva normativa con la vigente en Torrevieja, permite una ocupación de hasta el 75% en algunas zonas, con permisos más flexibles; Alicante, permite la regulación más adaptada a zonas comerciales y autorización más prolongada; y Benidorm, con una mayor flexibilidad en áreas turísticas, permitiendo mayor ocupación y publicidad, se produce un «agravio comparativo flagrante».

Desde la agrupación se concluye en que el reglamento de Guardamar del Segura, «aunque busca regular el uso del espacio público, impone restricciones que pueden afectar negativamente a los comercios locales. Se exige una revisión para adecuarlo a las necesidades del sector y mejorar la competitividad de los negocios en la provincia de Alicante».