El silencio del Ministerio alarga la incertidumbre sobre la demolición de las casas en la playa de Babilonia
Tras vencer el plazo voluntario ahora todo depende del Gobierno, que debe elegir entre ejecutar los derribos o conceder una prórroga
Una jornada de felicidad, aunque la angustia persiste. Así han vivido este lunes los vecinos de la playa de Babilonia -en el municipio de Guardamar del Segura- afectados por la orden de derribo de sus viviendas en primera línea de playa.
Tras comprobar que, pese a haberse agotado el plazo voluntario para demoler por su cuenta, las máquinas no han ejecutado su cometido, la incertidumbre continúa, ya que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) guarda silencio.
Lo hace a la petición que la Generalitat ha elevado a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural al Ministerio para paralizar los derribos, la cual ha extendido al Ayuntamiento de Guardamar para que «adopte las medidas oportunas para hacer efectiva la referida paralización cautelar».
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Según el calendario oficial, ha expirado el tiempo para que los propietarios derriben sus casas con sus propios medios. Así, a partir de este martes 16 de septiembre el Gobierno estará habilitado para ejecutar la demolición directamente, pasando después la factura con multas y recargos a los vecinos afectados.
Sin embargo, no ha habido notificación oficial y las empresas de construcción -contratadas voluntariamente por los propietarios- han confirmado oficiosamente que los derribos han quedado en suspenso, a la espera de lo que suceda con el expediente abierto en la Generalitat Valenciana. «Mientras, se sigue a la espera de respuesta por parte del Ministerio».
Entre la piqueta y la prórroga
Tras finalizar la jornada de lunes, la situación es clara. O el Ministerio inician los derribos este martes tal y como estaba previsto o concede una prórroga que dé oxígeno a los propietarios. De momento, todo parece apuntar a que las excavadoras no entrarán en las próximas horas, aunque nadie se atreve a descartarlo. Este diario se ha puesto en contacto con el Ministerio para la Transición Ecológica sin obtener respuesta.
Algunos vecinos habían valorado la posibilidad de acometer la demolición voluntaria, pero el escenario cambió con la entrada en juego de un nuevo expediente cultural que busca proteger el núcleo etnográfico afectado y con la petición al Ministerio de paralizar las actuaciones en base a la nueva Ley de Costas.
