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La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha anunciado esta mañana, en el marco de una visita realizada la ciudad de Benidorm y tras haberse reunido con su acalde, Toni Pérez, que la Generalitat Valenciana cederá al Consistorio los locales que albergaban los antiguos juzgados situados en la avenida Beniardà. Tanto Pérez como Merino han destacado que este acuerdo supone la respuesta a una reivindicación histórica de la capital turística de la Costa Blanca y que ha venido siendo reiterada por el consistorio desde 2016 y que hasta ahora no había recibido el visto bueno de los anteriores Gobiernos autonómicos.
Con esta medida, la Generalitat busca optimizar su patrimonio y evitar el abandono de un espacio que lleva diez años cerrado e inutilizado tras el traslado de los juzgados de primera instancia a las nuevas dependencias judiciales en el Passeig Tolls.
«Se trata de unos locales en desuso que ocasionaban un perjuicio económico a las cuentas de la Generalitat. Por ello, hemos considerado conveniente priorizar la cesión, evitar su abandono y permitir al Ayuntamiento ponerlos a disposición de los ciudadanos de Benidorm», ha subrayado Merino.
El acuerdo, que prevé una cesión por un periodo máximo de 30 años, conlleva un ahorro de más de 101.000 euros para la Generalitat en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) durante todo el período de cesión.
Además, según destacó la consellera de Hacienda, «esta actuación refleja el compromiso del Consell con una gestión eficaz del patrimonio público y la búsqueda de soluciones eficientes en beneficio de la ciudadanía».
El siguiente paso en el proceso será la votación en el pleno del Ayuntamiento de Benidorm para la aceptación de la cesión, que posteriormente se formalizará con la firma del acuerdo entre ambas administraciones.
La cesión comprende un total de once locales con una superficie conjunta de 1.250 metros cuadrados en la avenida Beniardà, una ubicación que, tal y como destacaba el primer edil al término de su reunión con Merino, facilitarán que se les pueda dar un nuevo uso en un breve espacio de tiempo, aunque por el momento evitó especificar cuál o cuáles podrían ser. En todo caso, Pérez hizo referencia a la extensión administrativa que se encuentra situada muy próxima a esos locales y que, ha lanzado, podría ubicarse en ellos.
En cualquier caso, la Generalitat y el Ayuntamiento estudiarán los posibles usos que se darán a estas instalaciones, aunque el consistorio podría destinarlas a nuevos servicios municipales o a la atención ciudadana.
En la reunión en la que se anunció este acuerdo participaron también el director general de Patrimonio, Tony Woodward, y otros representantes municipales. La formalización del traspaso se llevará a cabo en los próximos meses, una vez que el Ayuntamiento ratifique la aceptación en pleno y se completen los trámites administrativos correspondientes.
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