Vecinos de Carolinas denuncian el desalojo de sus viviendas por una empresa que ha comprado el bloque

Las 15 familias que hasta ahora residían en un bloque de viviendas en la calle Pascual de la Mata, en el alicantino barrio de Carolinas, luchan por no perder su vivienda. El nuevo propietario del edficio, una empresa hostelera domiciliada en Madrid, se niega a renovarles sus contratos de alquiler. Aducen unas obras para, una vez que expiren su arrendamiento, abandonen sus domicilios.

Los vecinos se ven ahora en la calle con un horizonte muy complicado, a pesar de que no han dejado pasar ni un mes la cuota. Hasta ahora, pagaban unos 300 euros mensuales por el alquiler, una cantidad que difícilmente van a poder encontrar en Alicante. Y menos en su barrio. Entre estas 15 familias habitan 14 menores en edad escolar, dos recién nacidos, dos personas mayores y tres enfermos crónicos.

Los contratiempos comenzaron en julio, cuando los inquilinos fueron notificados sobre el cambio de propiedad del edificio. Una notificación pegada en los rellanos anunciaba que, a partir de agosto, el alquiler debía abonarse en otra cuenta bancaria perteneciente a una empresa hostelera de Madrid, la nueva dueña del bloque.

Poco tiempo después, algunos vecinos comenzaron a recibir burofaxes. El contrato de alquiler se les acababa y la nueva empresa no estaba dispuesta a renovarlos. El abogado se apoyaba en que el bloque necesitaba de obras menores y para poder llevarlas a cabo era necesario desalojar el edificio.

Desde el Sindicat de Barri de Carolines, una de sus portavoces, Helena, asegura que en agosto se comunicaron con la empresa propietaria para exponer su intención de seguir defendiendo el bloque, pero abiertos a una negociación colectiva en la que ni los inquilinos perdieran su vivienda, ni la empresa perdiese la inversión.

Los abogados no cedieron y en el bloque ya se suceden las primeras reformas. Desde la instalación de cámaras en las zonas comunes hasta trabajos de mayor envergadura en el piso vacío.

Helena, del Sindicat, acusa a la empresa de no preocuparse por los residentes y de tener una intención especuladora: «Los inversores no necesitan que la obra les salga rentable, porque desde hace tiempo las 15 familias han estado pagando mes a mes y se puede llegar a un acuerdo para que sigan viviendo aquí una vez terminen las reformas». Insiste que «no tiene ningún sentido que quieran rehabilitar el inmueble si no es para mejorar la calidad de vida de los vecinos que ya viven allí. Si tanto le preocupasen los residentes no los echaría a la calle».

A través del Sistema Estatal de Referencia del Precio de Alquiler de Vivienda, se puede certificar que el umbral apto para pagar un arrendamiento en ese bloque en ningún caso supera los 500 euros. Actualmente, los vecinos pagan unos 300 euros al mes y con la reforma el valor subiría hasta los 400.

Fini repite que la situación es «angustiante», pues en el mercado de la vivienda actual es imposible alquilar por un precio asequible a su nómina. «Somos familias trabajadoras, de hecho, los que no están ahora aquí es porque están trabajando», declara la vecina. Además, no existe actualmente una oferta de vivienda social donde puedan ser acogidos. «Hemos ido a los servicios sociales, pero no pueden hacer nada por nosotros porque no hay viviendas», expone la afectada.

Por ahora, ningún vecino ha abandonado su vivienda y este viernes se reúnen de nuevo con los abogados de la empresa. No parece que vaya a haber un acercamiento de posturas, por lo que no tienen mucha esperanza de que la situación vaya a cambiar y están preparados para lo peor. «Somos de Alicante, vivimos aquí, no queremos irnos porque una empresa quiera poner precios de Playa San Juan en un barrio obrero», han declarado.

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