Segundo varapalo judicial al Ayuntamiento de Alicante en una semana por la libertad sindical
El juzgado de lo Social condena al consistorio al abono de 8.500 euros a Comisiones Obreras por la supresión de su correo oficial durante un mes
El Juzgado de lo Social número 1 de Alicante ha estimado la demanda presentada por Comisiones Obreras (CCOO) contra el Ayuntamiento de Alicante por vulneración del derecho a la libertad sindical. Se trata de la segunda sentencia en menos de una semana contra el consistorio por este motivo, que vuelve a ser condenado al pago de una indemnización.
En esta ocasión, el juzgado ordena «el cese inmediato de la conducta seguida por el Ayuntamiento consistente en la supresión o prohibición de uso del correo electrónico a CCOO durante un mes». Además, impone al consistorio el pago de 8.500 euros al sindicato por daños.
Desde CCOO han mostrado su satisfacción con la resolución, que, a su juicio, «abunda en la defensa de los derechos fundamentales que sostienen nuestra democracia, protegiendo los derechos de las personas trabajadoras y de sus representantes».
«Supuesto incumplimiento de la normativa»
La denuncia del sindicato se produjo después de que el Ayuntamiento suspendiera durante un mes su cuenta institucional de correo electrónico, alegando el incumplimiento de la normativa interna sobre el uso de herramientas de comunicación.
El supuesto incumplimiento se habría producido el 7 de noviembre de 2024, cuando CCOO envió desde su cuenta un correo convocando a todo el personal municipal a una concentración en apoyo a las víctimas de la DANA en Valencia.
Sin embargo, el juez considera probado que la normativa invocada por el Ayuntamiento «no contiene graduación ni tipificación de faltas o infracciones; tampoco establece procedimiento sancionador ni sanciones», limitándose a indicar que los incumplimientos «podrían dar lugar a la retirada temporal o definitiva de los recursos». Añade además que «la inexistencia de procedimiento sancionador implica que la sanción impuesta conculca el principio de legalidad consagrado en la Constitución».
«Desde CCOO nos preguntamos qué capacitación tienen las personas que redactaron esa norma, así como quienes la han aplicado, algunas de ellas ejercientes de la abogacía, como bien reconoce el texto de la sentencia», han indicado desde el sindicato en un comunicado.
En su argumentación, CCOO acredita que el uso del correo institucional por parte de sindicatos y del propio Ayuntamiento no se ha limitado a cuestiones sindicales, sino también a contenidos generales como felicitaciones navideñas, actividades de ocio, jubilaciones o envío de archivos.
«El correo objeto de sanción no era ofensivo ni iba dirigido a perjudicar a ninguna fuerza política u organización»
Sentencia de lo Social nº1
El juez añade que «el correo objeto de sanción no era ofensivo ni iba dirigido a perjudicar a ninguna fuerza política u organización, no se ha alegado ni acreditado que perturbara el normal funcionamiento de la actividad, implicara costes, o bloqueara la intranet».
Desde Comisiones Obreras consideran además que la actuación del Ayuntamiento responde a «una campaña de descrédito y trato discriminatorio» hacia este sindicato y hacia quienes se han posicionado en contra del sistema de implantación de la Carrera Profesional. En ese sentido, recuerdan que otra sentencia similar dio la razón al SEP-CV y supuso una indemnización de 2.000 euros. «CCOO y SEP-CV son los dos únicos sindicatos que votaron en contra del actual sistema de implantación de la Carrera Profesional en el Ayuntamiento de Alicante. ¿Casualidad?», señalan.
Exigencia de responsabilidades
Con esta nueva sentencia, el Ayuntamiento de Alicante deberá abonar 10.000 euros por la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical, al limitar el uso del correo electrónico institucional por parte de los sindicatos.
Desde CCOO exigen que el consistorio cese estas prácticas «abusivas y antidemocráticas», derogue la actual normativa de uso de correos, y abra una negociación con los sindicatos para elaborar una nueva que se ajuste a la legislación vigente.
Además, reclaman la apertura de un expediente de averiguación de hechos que permita depurar responsabilidades «de quienes han actuado de manera claramente ilegal y vulneradora de un derecho fundamental como es la libertad sindical».
