Nadie quiere hacerse cargo de la parálisis de las cuentas municipales de Alicante

Sin embargo, los presupuestos siguen siendo una cuenta pendiente para el gobierno y arma arrojadiza para la oposición que, en cada momento que tiene ocasión, la utiliza.

En este caso ha sido Compromís quien ha solicitado que el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, continúe con la tramitación. Es decir, que convoque la comisión de Hacienda y el pleno extraordinario para aprobar las cuentas. Eso sí, en caso de no contar con los apoyos suficientes, reclaman que el máximo edil convoque entonces una moción de confianza, una figura recogida en el reglamento orgánico del pleno y que de perderse supondría la convocatoria de elecciones.

«Creemos que es importante tener unos presupuestos, aunque sean unos malos presupuestos como estos. En este caso le pedimos al alcalde que tenga coraje y valentía, que continúe con la tramitación de las cuentas, y, si no tiene mayoría, que se someta a una moción de confianza. Una moción que creemos que la tendrá ganada porque si no tiene la confianza de pleno lo que tiene que hacer es dimitir», ha explicado el portavoz de la formación valencianista, Natxo Bellido.

La propuesta no parece que esté siendo contemplada por el equipo de gobierno, así lo ha expresado el portavoz adjunto, Manuel Villar, en la rueda de prensa de la junta de gobierno celebrada este martes, 28 de febrero.

En su intervención, Villar ha aprovechado para criticar a la oposición la «falta de altura de miras» y «que primen más los intereses partidistas que los de la ciudad». Una visión general que han explicado que sí tuvo en 2018 Miguel Ángel Pavón, entonces edil de Guanyar, cuando pactó con un PP en minoría los presupuestos. Eso sí, a cambio de 40 millones de euros de inversiones, en base a un acuerdo que fue llevado a pleno y aprobado como declaración institucional.

Por su parte, el portavoz, Antonio Manresa, ha incidido en que en esta ocasión «se ha hecho un esfuerzo para llegar a acuerdos, sin embargo, nos hemos encontrado con el no rotundo de los cuatro grupos de la oposición».

No lo considera así el PSOE, que con 9 concejales tiene el mismo número de ediles que el PP. Su portavoz, Miguel Millana, ha calificado de «impresentables» las excusas aportadas por el equipo de gobierno en las que afirma que la oposición se está negando desde octubre a llegar a un acuerdo para sacar adelante el presupuesto de 2023.

«Queda claro que el alcalde no ha querido activar los mecanismos participativos, sociales y ciudadanos, y por supuesto, menos aún los políticos, para llegar a un acuerdo. Nos llama poderosamente la atención que no trabajen por mejorar los ingresos, sino que encima los que reciben los devuelven, como ha pasado con las ayudas extraescolares, el Contrato Programa de Servicios Sociales y las ayudas habitacionales. Es una gestión caótica», ha destacado el edil.

En esa misma postura está Unides Podem, que remarcan que el equipo de gobierno exige responsabilidad a la oposición pero no asumen la suya. «Nuestras condiciones para avanzar en esa negociación eran la derogación de la 'ordenanza de la vergüenza' y la tramitación de nuestra reforma fiscal», ha afirmado el portavoz de la formación, Xavier López.

Respecto a las posibilidades de pactos desde esta formación han insistido en que «el gobierno de Barcala es incapaz de acordar con nadie, porque efectivamente se ha bunkerizado, es algo que no ocurría en 2019 en nuestro espacio político cuando se sentó con el Partido Popular y pactó. Ahora no nos han ofrecido absolutamente nada y efectivamente un gobierno que no ofrece nada cuando se sienta a negociar es un gobierno que no quiere acordar nada», ha remarcado el concejal.

Aunque en ese sentido el edil popular Manuel Villar ha destacado que durante la segunda ronda de negociaciones el alcalde propuso a PSOE y Compromís la aceptación de 10 enmiendas a las cuentas para permitir su desbloqueo.

Uno de los problemas de contar con unos presupuestos prorrogados es que dificulta la llegada de ingresos de aquellos proyectos que reciben financiación de otras administraciones al no estar reflejados en las cuentas. En ese sentido, desde el grupo municipal socialista han insistido en su acuerdo junto con Ciudadanos para que no se pierdan fondos europeos.

«Estamos dispuestos a aprobar modificaciones de crédito en este sentido que correspondan al Presupuesto de 2022, pero las cuentas de 2023 no, ya que Barcala no está dispuesto a retirar la ordenanza de la vergüenza, una línea roja para nosotros. Ante esto, el señor alcalde ni tan siquiera se ha sentado a dialogar. Manda a sus concejales para luego desautorizarlos», ha matizado el portavoz socialista, Miguel Millana.

Por su parte, este martes, el portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Mario Ortolá, ha instado al equipo de gobierno municipal «a poner en marcha las actuaciones administrativas tendentes a realizar las modificaciones de crédito relativas tanto a la financiación de las inversiones en ejecución, así como, principalmente, al pago de las subvenciones nominativas pendientes», y se compromete a «respaldar dichas aprobaciones con la única condición de que no aborde ninguna actuación relativa a la imposición de los aspectos de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) dirigidas a la imposición de multas a los alicantinos».