El Gobierno multa a activistas antidesahucios por una protesta en Juan XXIII

Los activistas del Sindicat de Barri de Carolines han recibido este viernes la notificación de la Subdelegación del Gobierno de multas por valor de 601 euros por el intento de paralizar un desahucio en el barrio de Juan XXIII en abril de este año.

Desde esta entidad consideran que estas sanciones «responden a la criminalización del activismo y la respuesta ciudadana ante las injusticias». Además, lo califican como un intento de «amedrentar» a los sindicalistas.

Por el momento, desde esta entidad desconocen el alcance de estas sanciones por obstrucción, ya que las primeras cartas han llegado a lo largo de la mañana y algunos todavía no han regresado a sus domicilios. Sin embargo, consideran que es una práctica «habitual» para tratar de desmovilizar a quienes «luchan por una vivienda digna y contra las injusticias».

Sin embargo, desde el Sindicat, han querido remarcar a TodoAlicante que «no nos vamos a echar atrás en nuestra lucha, ni dejar de parar desahucios por muchas multas que nos pongan». Además han hecho un llamamiento a apoyar al Sindicato frente al Ayuntamiento de Alicante «que nos abandona y nos multa por defender nuestros derechos».

Además exigen al Consistorio «hagan público el dinero gastado en ejecutar desahucios durante este último año, y a cuantos ascienden los miles de euros de dinero público invertidos en el desahucio por el que se nos multa, en el cual se usaron más de 15 policías para echar de su casa a una pareja de personas mayores con discapacidad».

Desde el Sindicat explican que las sanciones les han cogido por sorpresa por lo lejano en el tiempo respecto a la actuación, pero también porque no se trató de un intento de paralización violento.

Explican que la única particularidad es que la señora sobre la que pesaba el lanzamiento estaba en un estado mental grave y había acudido a Urgencias varias veces en la última semana por ataques de pánico.

Los activistas afirman que se actuó de manera similar a otras ocasiones, concentrándose de forma pacífica en la puerta y bloqueando la entrada de la casa. Sin embargo, ante la necesidad de asistencia médica de la mujer que vivía en ese piso, llamaron a la ambulancia. Al llegar los servicios de emergencias, la Policía Nacional ya había desalojado a los activistas de la puerta.

Desde esta entidad reconocen que los agentes les avisaron de que era posible que llegaran sanciones. No obstante, insisten en que la resistencia fue en todo momento «pasiva y no violenta».

Según ha denunciado el concejal de Esquerra Unida, Manolo Copé, las sanciones se basan en un informe de la Policía Nacional y en la Ley Mordaza, una norma que sigue castigando la protesta pacífica y la solidaridad vecinal.

A través de un comunicado han asegurado que en el expediente al que han tenido acceso se acusa a una persona de «dificultar el acceso» al portal donde se realizaba el lanzamiento el 10 de abril, «sin incidentes ni violencia. Simplemente por estar allí, acompañando a una familia vulnerable».

Copé ha asegurado que «gobierne quien gobierne, la respuesta institucional sigue siendo injusta. El PP y Vox abandonan a los barrios y no ofrecen alternativas, y la Subdelegación del PSOE responde con multas a quienes intentan que una familia no termine en la calle».

Desde Esquerra Unida Podem han exigido el archivo inmediato de estas sanciones y reclama al Gobierno central que, de una vez por todas, derogue la Ley Mordaza, una ley que ha demostrado servir para reprimir la protesta social y castigar la pobreza.

Copé concluye: «Acompañar a una familia ante un desahucio no es un delito. Lo que sí es una injusticia es perseguir a quienes ayudan mientras las administraciones miran hacia otro lado».

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