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La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) vuelve a dar juego político. El concejal de Medio Ambiente y portavoz, Manuel Villar, ha asegurado que será «imposible» que la ordenanza esté antes de final de año. Esta afirmación significa que el Ayuntamiento alicantino consumirá la prórroga dada por el Ministerio de Transición Ecológica que acaba el 31 de diciembre de 2024 ... y no se sabe si habrá bola extra.
Villar ha reconocido que no hay agenda para sacar adelante esta normativa y que, en la actualidad, lo que está llegando al consistorio son sugerencias a través del buzón municipal. El edil ha indicado que «vamos a empezar a verlo cuando sea oportuno» en referencia a toda la tramitación que conlleva la iniciativa. El primer paso sería la fase de participación ciudadana; pero tampoco hay fecha.
Hasta ahora el Ayuntamiento cuenta con una página web en la que va publicando las diferentes actuaciones que lleva adelante para bajar las emisiones. En esa relación, están las obras de peatonalización que se han hecho en el centro, pero también la adquisición de autobuses eléctricos.
No obstante, la espita está en la ordenanza que debe acompañar todo este proceso y que debe describir supuestos como qué coches pueden acceder al centro en función del etiquetado o las sanciones por incumplir algunas de estos puntos. En ambos casos, la confrontación entre el Partido Popular y los grupos de la oposición es palpable desde antes de las elecciones municipales del pasado mes de mayo. Vox tiene una postura completamente diferente al resto.
Las posibles restricciones es una cuestión que tanto desde la Alcaldía como desde el equipo de gobierno se han desmentido. En cuanto a las sanciones, las divergencias han llevado a plenos broncos. El último fue en enero entre la edil del PP Mari Carmen de España y la portavoz socialista, Ana Barceló.
En cualquier caso, la respuesta de Villar deja claro que este texto no forma parte de las prioridades y que la apuesta de creación de una ZBE pasa por la transformación del centro. Sin embargo, el visto bueno definitivo tiene que venir de la mano del Ministerio de Transición Ecológica, que es quien responde ante Europa del cumplimiento de esta medida en las grandes ciudades.
Mientras se dirime esta cuestión, la Entidad de Gestión del polígono de Las Atalayas ha dado un nuevo paso hacia medidas de sostenibilidad. Tras el acuerdo con la Agencia de Desarrollo Local, se pondrá en marcha la prueba piloto del coche compartido en el área industrial.
El incentivo será la reserva de zona de aparcamiento para quien los use. En concreto, el concejal Manuel Villar ha avanzado que se señalizarán un total de 13 plazas para quienes hagan uso de ese sistema de movilidad. Como se trata de una prueba, no se aplicará la ordenanza de Tráfico; pero desde Medio Ambiente se ha hecho un llamamiento a la cooperación y participación de una medida que intenta restar tráfico.
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