La multa a la que se enfrenta un restaurante de la provincia de Alicante por vender pescado ilegal

La Guardia Civil ha intervenido casi 60 kilogramos de productos pesqueros de un restaurante de la comarca del Bajo Vinalopó. Este pescado carecía de la documentación que acreditase su origen, método de captura y controles sanitarios, así como su estado de conservación, lo que ponía en riesgo la salud de los consumidores.

Fue el pasado 22 de noviembre cuando, gracias a la colaboración ciudadana, la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Elche tuvo conocimiento sobre la posible venta y almacenamiento ilegal de este tipo de productos en un establecimiento del Bajo Vinalopó.

Es por ello que los investigadores se trasladaron al lugar y realizaron una inspección exhaustiva en el local, donde encontraron distintas irregularidades relacionadas con productos almacenados en arcones congeladores y frigoríficos industriales.

Entre los productos detectados se encontraron 33,9 kilos de pulpo, 11,43 kilos de sepia, tres kilos de calamar, casi dos kilos de atún y gambas y otras especies marinas las cuales podrían ser inmaduras, no alcanzando la talla mínima permitida para su captura y comercialización.

Con ello el responsable del local de esta comarca se enfrenta a un expediente sancionador por infracciones graves a la Ley 5/2017 de Pesca Marítima y Acuicultura, con multas de hasta 60.000 euros, y a la Ley 14/1986 General de Sanidad, que contempla sanciones de hasta 4.000 euros.

Todos estos productos quedaron a disposición de la Dirección Territorial de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, que continuará con las actuaciones necesarias. Además, se informó al Centro de Salud Pública de Elche debido a los riesgos asociados al consumo de alimentos que no han pasado los controles sanitarios pertinentes.

La Benemérita recuerda que «en caso de sospechar irregularidades, los consumidores pueden solicitar la hoja de reclamaciones del establecimiento, un instrumento legal que permite dejar constancia de las deficiencias detectadas y contribuye a proteger la salud pública y los derechos del consumidor».

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