La muerte en Elche de un joven con parálisis cerebral destapa un negocio ilegal de cuidados a personas con discapacidad
El inmueble se encontraba en condiciones insalubres y sin ningún tipo de medida sociosanitaria | La organización clandestina cobraba entre 35 y 45 euros al día a las familias
El fallecimiento de un joven de 34 años en Elche que padecía parálisis cerebral ha destapado un negocio clandestino dedicado a los cuidados de personas dependientes y con discapacidad intelectual. De ello se encargaba, presuntamente, un matrimonio de 58 y 48 años desde una vivienda alquilada y que se encontraba en condiciones de absoluta insalubridad: olor a excrementos y orina, basura, animales por las habitaciones y electrodomésticos y alimentos en mal estado.
El centro carecía de licencia y de ninguna medida sociosanitaria y, según indican desde la Policía Local de Elche, esta actividad ilegal podría llevar en marcha desde 2016, con el paso por distintos domicilios hasta que en la actualidad se llevaba a cabo de manera clandestina en esta vivienda alquilada cuyo dueño desconocía la utilidad que le daban, señalan fuentes del caso.
La actuación de la Policía municipal ilicitana, en coordinación con la Policía de la Generalitat, se inició tras recibir la información del fallecimiento de un joven de 34 años con parálisis cerebral en condiciones que están siendo investigadas por la Policía Nacional de Elche.
En el interior de la vivienda los agentes encontraron varias personas con discapacidad intelectual con síndrome de Down, autismo y otras enfermedades neurológicas, algunas de ellas en especial estado de vulnerabilidad. Durante el registro los efctivos comprobaron el mal estado y las deficiencias de la casa donde se desarrollaba la actividad ilegal.
En las zonas comunes, como cocina, comedor y baños, se localizaron alimentos en mal estado, electrodomésticos sin mantenimiento y un grave riesgo de contaminación cruzada. Asimismo, en las habitaciones se detectó la presencia de un elevado número de animales, perros y gatos, sin documentación ni control sanitario.
El matrimonio que regentaba el negocio carecía de cualquier licencia municipal o autorización administrativa, además de no disponer de seguros de responsabilidad civil ni contar con la habilitación profesional necesaria. Cobraban entre 30 y 45 euros a las familias al día y estaban fuera de cualquier régimen legal, detallan fuentes policiales.
Ante las graves irregularidades detectadas, la Policía Local de Elche y la Policía de la Generalitat procedieron al precinto y clausura inmediata de la actividad, realojando a las personas internadas con sus familiares, que fueron avisados de inmediato y manifestaron desconocer las condiciones de la vivienda.
Asimismo, los hechos han sido denunciados ante la inspección de trabajo, a la Conselleria de Sanitat por ser el organismo competente para la autorización de estas residencias, y del Ayuntamiento de Elche por carecer de licencia de actividad. Los servicios sociales han sido alertados para la valoración inmediata sobre la necesidad de asistencia a las personas ingresadas y a sus familias.
