La Policía Nacional detiene a la comercial de la inmobiliaria de Alicante investigada por presunta estafa y a su pareja
Ambos declararon en comisaría antes de ser arrestados y puestos en libertad, con obligación de comparecer ante el juez
La Policía Nacional ha detenido a la comercial de la inmobiliaria de Alicante investigada por presunta irregularidades y a su pareja. La primera está acusada de dos delitos, estafa y falsedad documental, mientras que a él solo se le imputa un presunto delito de estafa, según ha podido conocer TodoAlicante.
El detonante que abrió la investigación fue una transferencia de 9.475 euros hecha por un ciudadano argentino para reservar un ático en el barrio alicantino de Benalúa que nunca visitó. Lo hizo guiado por la voz amable de M.S, una comercial que le aseguró que todo estaba en regla. Incluso recibió un contrato y, más tarde, un justificante bancario que acreditaba -en apariencia- que el dinero había sido devuelto. El problema: el documento era falso, según confirmó el propio banco.
Pero, para entonces, ya era tarde. El montante económico había ido a parar a una cuenta a nombre de F.G., pareja de M.S., propietario de una empresa de reformas que realiza trabajos para la inmobiliaria investigada.
Comparecencias
Durante su declaración en comisaría, F.G. aseguró que su cuenta estaba registrada para operar en subastas judiciales, y que simplemente la «prestó» para facilitar la operación.
Además, indicó que no sabía que el justificante era falso y aludió a un error administrativo. También apuntó que su pareja era la que se encargaba del tema relacionado con los contratos, finanzas y acceso a cuentas bancarias, y señaló que, cuando un cliente le trasladaba algún tipo de malestar por una operación, ella siempre le respondía que «ya estaba solucionado», por lo que se olvidaba del tema, ya que daba por hecho que el problema «ya estaría resuelto».
La investigada, por su parte, declaró que la transferencia recibida tuvo como finalidad la participación en una subasta judicial para la compra de una vivienda, la cual no se concretó por no interesar el precio al cliente. Asimismo, defendió que la devolución de la reserva del ático se había efectuado, aunque la entidad bancaria tenía su cuenta bloqueada. No explicó ante los investigadores de la UDEF ni cómo ni por qué entonces el documento enviado al cliente mostraba datos que no coincidían con ningún movimiento bancario real.
Por otra parte, manifestó que a mediados de junio recibió un burofax del abogado del denunciante reclamando la devolución, para lo cual solicitó un certificado de titularidad de la nueva cuenta indicada. Tras recibir dicho certificado el día anterior, realizó la transferencia íntegra de 9.475 euros, aportando el justificante, según su versión. Hechos que desmiente el letrado de la víctima, Agustín Brandi, a preguntas de este diario.
Durante la comparecencia, sí reconoció haber extraído de la cuenta bancaria de su pareja el justificante de una transferencia de fecha 26 de marzo de 2025, destinada a la perjudicada, a fin de enviárselo como comprobante de devolución del depósito.
Tras las declaraciones, ambos investigados fueron puestos en libertad, con obligación de comparecer ante el juez.
Pero el caso no está cerrado. Una historia más dentro del rompecabezas que ahora intenta reconstruir la UDEF. Una inmobiliaria con fachada de legalidad, una familia entrelazada en roles clave y una sospecha creciente: que esto no fue una operación fallida, sino parte de un sistema.
