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La Guardia Civil ha desmantelado en Elche un entramado empresarial al que atribuye un fraude superior al millón de euros a través de subvenciones públicas para el fomento del empleo. Todo ese dinero iba destinado a la compra de vehículos de alta gama y a saldar gastos personales por otros caprichos, según se desprende de la investigación.
Los acusados supuestamente formalizaban contratos laborales reales, pero una vez recibidos los fondos despedían a los trabajadores o bien eran los propios empleados los que solicitaban su baja voluntaria, algo que entrañaría una presunta complicidad con los hechos, si bien este extremo aún no ha podido resultar acreditado. En otras ocasiones las empresas cesaban su actividad, según detallan fuentes de la Benemérita.
La Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo aparecen como las instituciones perjudicadas por las maniobras ilegales que desencadenaron la denominada 'Operación Uncover'. Hasta el momento han sido detenidas cuatro personas e investigadas otras dos, según las mismas fuentes.
Las pesquisas arrancaron gracias a una denuncia presentada por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora) ante la Fiscalía Anticorrupción por posibles irregularidades relacionadas con las ayudas públicas otorgadas a 11 empresas domiciliadas en Elche. Las sociedades solicitaban subvenciones dirigidas a fomentar la contratación indefinida de jóvenes cualificados o personas en situación vulnerable.
Aunque los contratos laborales inicialmente sí se formalizaban, en la mayoría de los casos no respetaban los requisitos que exige la normativa, destaca la Guardia Civil.
Durante casi un año, el Equipo de Delitos Urbanísticos y Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante ha analizado la trazabilidad del dinero recibido. Este trabajo permitió detectar desvíos a gastos personales y transferencias entre cuentas bancarias vinculadas a los implicados. Parte del dinero fue utilizado para la adquisición de vehículos de alta gama o fines ajenos al objeto de las ayudas, añaden las mismas fuentes.
Los agentes efectuaron registros durante el pasado mes de abril en un domicilio particular de Elche, donde residía el considerado líder del grupo, así como en unas oficinas aún en uso en el parque tecnológico ilicitano. En la operación se intervinieron más de 9.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama y diversa documentación de interés, además de practicarse bloqueos de cuentas y propiedades, detallan fuentes del caso.
Tras su puesta a disposición judicial, los cuatro detenidos quedaron en libertad con la imposición de medidas cautelares para el supuesto líder. A todos ellos se les imputan los delitos de fraude de subvenciones, estafa, pertenencia a grupo criminal, frustración de la ejecución y blanqueo de capitales.
La investigación se ha desarrollado bajo la dirección de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de la Fiscalía Provincial de Alicante, con la colaboración de Labora.
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