Fraude, firmas falsas y 291 operaciones sospechosas: el agujero de 20.000 euros en la ONCE de Alicante que acabó sin culpable

Una auditoría interna ordinaria realizada en noviembre de 2022 destapó un agujero de 19.696 euros en las cuentas del Centro de Recursos Educativos (CRE) de la ONCE en Alicante. Lo que los auditores descubrieron no se trataba de una simple desorganización: eran 291 operaciones fraudulentas sin justificación clara, con tickets ilegibles, pagos duplicados, gastos personales enmascarados como corporativos y firmas supuestamente falsificadas.

La organización inició una investigación interna que acabaría en los tribunales. El principal señalado era J.L.B., un alto administrativo del CRE de la ONCE en Alicante. Aunque su contrato lo vinculaba como auxiliar, en la práctica ejercía funciones de gestor, contable y tesorero. Era, de facto, quien manejaba la caja, retiraba dinero en efectivo en entidades bancarias y lo justificaba después mediante documentos firmados y facturas.

En concreto, tenía poderes para acudir a las entidades financieras en las que la corporación tenía abiertas sus cuentas bancarias para retirar fondos en efectivo de las mismas con los que atender las necesidades de la caja única de menores, cuyo funcionamiento venía dado por abonos en metálico de diferentes gastos que se fueran generando previa justificación documental de los mismos y previa autorización para su realización.

La ONCE lo denunció por un delito continuado de estafa y otro de admnistración leal. La Fiscalía iniciaba una investigación para dirimir responsabilidades. Las pruebas analizadas descubrían el 'modus operandi' para justificar bancariamente las extracciones de pequeñas cantidades de dinero: pagos duplicados, soportes incompletos y autorizaciones de gastos con firmas falsas o por destino del dinero de la caja a gastos personales.

Por su parte, los auditores explicaban ante el magistrado que detectaron el fraude al ver movimientos genéricos y sospechosos por las fechas e importes. Estos pagos llamaron su atención, por lo que pidieron más justificación y observaron que algunos tickets estaban «borrosos o cortados». Además, descubrieron «duplicidades en otros pagos».

Mientras, la defensa ejercida por el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina -de Ospina Abogados- no negó la duplicidad de documentos ni lo extraño de las operaciones, pero sí que su cliente fuese el responsable. Asimismo, alegó que no solo el procesado gestionaba esa operativa, demostrando que en los periodos de baja o vacaciones sus sustitutos se hacían cargo y tambien manejaban el dinero.

Varias testificales refrendaron que las contraseñas para acceder al programa de pagos eran conocidas por más de un trabajador de la entidad, poniendo el acento en la propia operativa de la corporación, que a pesar de realizar arqueos de caja mensuales nunca detectó irregularidad alguna por parte de su representado. «Revisaba los documentos, pero nunca lo hacía exhaustivamente. La revisión la hacía sobre la base de la documentación que le dejaba el acusado», expuso en la sala de vistas del juzgado el técnico de control que auditaba las operaciones.

Entraba en escena el acusado, el último en declarar. A preguntas del letrado experto en delitos económicos, admitió su relación laboral con la ONCE. Explicó que había sido contratado como auxiliar administrativo, pero que poco a poco le fueron ampliando las funciones hasta asumir tareas de tesorería, gestión y contabilidad.

Según relató, esa sobrecarga le llevó a demandar a la corporación incluso antes de la querella que originó este procedimiento. Además, argumentó que soportaba demasiado trabajo, con funciones que no le correspondían y un salario insuficiente, lo que le generó un gran agobio y, finalmente, un infarto.

El Juzgado de lo Penal número 4 de Alicante lo ha absuelto de toda responsabilidad criminal por los delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad, dado que «ante el referido panorama probatorio, resulta imposible determinar si el acusado dispuso de alguna cantidad de dinero para su beneficio personal o de tercero, o incluso si hubo (o no) salida no lícita de dinero», se puede leer en la sentencia a la que ha tenido acceso este medio.

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