Una deuda de 67.000 euros y una demanda por okupación: el lado oculto de la comercial inmobiliaria detenida en Alicante
La mujer investigada por liderar una presunta trama de estafas lleva más de dos años sin abonar los 2.500 euros de alquiler | El propietario, un ciudadano belga de 91 años, ha tenido que acudir al juzgado para pedir el desahucio.
Vivía rodeada de papeles, promesas de áticos con vistas, supuestas subastas judiciales y contratos que no siempre se cumplían. Su nombre apareció en atestados policiales, denuncias cruzadas y foros de afectados. Pero ahora, la historia de M.S., la comercial detenida por estafa y falsedad documental, se completa con un nuevo capítulo: vive en una casa que no paga desde junio de 2023, por la que acumula una deuda de 67.000 euros y enfrenta una demanda de desahucio.
El inmueble no es precisamente modesto. Situado en la calle Font de la Cibeles, en San Juan de Alicante, el piso fue alquilado en mayo de 2021 por 2.500 euros mensuales, bajo un contrato con opción a compra. Lo firmó junto a su pareja, también arrestado en la investigación por presuntas estafas a clientes.
Según la demanda de desahucio a la que ha tenido acceso este medio, desde junio de 2023 no se ha abonado ni una sola mensualidad. Tampoco los suministros. El propietario, un ciudadano belga de 91 años, intentó resolverlo por las buenas, enviando un burofax en enero de 2024 para reclamar los pagos pendientes. Nadie respondió. Nadie pagó. Lo siguiente fue acudir a los tribunales.
La demanda solicita la expulsión inmediata de los inquilinos y el abono de toda la deuda acumulada, más los intereses correspondientes. En el escrito, el letrado del propietario destaca la situación personal del arrendador -edad avanzada y residencia en el extranjero- y la imposibilidad de recuperar su propiedad sin intervención judicial. El procedimiento pide que se fije ya día y hora para el lanzamiento.
Este diario se ha puesto en contacto con el letrado del denunciante, que no ha querido hacer comentarios al respecto, puesto que se trata de un procedimiento aún pendiente de resolución.
Pero lo más significativo no es solo la cantidad impagada, sino el patrón que se repite: contratos con apariencia legal, nombres recurrentes, falta de pagos, promesas incumplidas y una familia involucrada en todas las piezas del tablero.
El informe policial sobre la inmobiliaria investigada ya hablaba de un posible «efecto piramidal»: captar dinero de nuevos clientes para responder a viejas reclamaciones. Ahora, se suma la sospecha de que la vivienda donde residían era, también, una operación fallida... o nunca pensada para ser pagada.
M.S. ha pasado de vender sueños inmobiliarios a encarar una cadena de frentes legales abiertos: estafa, falsedad documental y ahora okupación por impago. Una fachada profesional que se va resquebrajando por las grietas de los juzgados.
