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Viernes, 10 de noviembre 2023, 10:06
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La Guardia Civil ha confiscado en una empresa de Bigastro 695 fertilizantes y fitosanitarios ilegales. El establecimiento carecía de licencia para la fabricación de estos productos, que eran especiales para los cultivos de marihuana.
Según informa la Benemérita, la investigación arrancó el pasado 16 de octubre centrada en un establecimiento que se dedicaba a la comercialización de esta clase de productos, tanto para el público general como para los comercios especialziados en el cultivo de cannabis.
La primera de las inspecciones en el local por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), de la Guardia Civil de Orihuela, se llevó a cabo para comprobar la cadena de suministro de este establecimiento que dirigía un hombre de 52 años junto con su hijo de 23. Durante el registro, los agentes hallaron que el comercio tan solo tenía licencia para la comercialización y distribución de estos productos.
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Sin embargo, se percataron de que también fabricaban este tipo de productos, especializados además en el cultivo de marihuana, con el fin de obtener un mayor rendimiento económico. Una actividad para la cual carecían de licencia.
Es por ello que al día siguiente regresaron acompañados de dos inspectores del Servicio de Inspección de Control y Calidad del Área de Sanidad Vegetal de la Generalitat, confirmando las irregularidad e incautando varios productos.
En total, la Guardia Civil informa de que se han confiscado 612 artículos de abonos y fertilizantes y 83 productos de fitosanitarios, así como el material que se utilizaba para la fabricación ilegal, tal como jeringas, medidores, básculas, morteros, coladores, embudos y una gran cantidad de botes y etiquetas para el envasado y posterior distribución.
Con todo ello, la empresa ha sido denunciada por infracciones tipificadas en la Ley 43/2002, de Sanidad Vegetal. El SEPRONA puso en alerta al Ayuntamiento de Bigastro, al que han pedido el cierre cautelar de la empresa por operar sin la correspondiente licencia ambiental, por lo que se enfrentan también a multas de hasta 3.000.000 euros, así como el cierre permanente del local y la obligación de destruir la mercancía y hacerse cargo de sus costes.
A pesar de haber confiscado los productos, la Benemérita continúa con la investigación, ya que durante las correspondientes investigaciones, se observó que los autores empleaban etiquetas y precintos con la identificación de otra empresa.
El siguiente paso de la Guardia Civil es hallar la relación con esta compañía y encontrar nuevos implicados o, si por el contrario, no contaban con el consentimiento de esta otra compañía y usaban su marca e imagen para comercializar los productos.
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