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Un aviso anónimo que alertaba sobre la instalación de redes abatibles en una finca de Elche ha destapado la caza clandestina de aves. La Guardia Civil investiga a dos sospechosos, de 71 y 73 años, que fueron sorprendidos en una caseta camuflada dentro de la parcela, listos para accionar los mecanismos para la captura ilegal, según ha informado el Instituto Armado.
Durante la intervención se liberaron ocho aves sin anillar y se intervinieron dos redes abatibles junto con una jaula metálica. Este tipo de prácticas ilegales constituyen un posible delito contra la fauna, con penas que podrían alcanzar de 6 meses a 2 años de prisión o multas de 8 a 24 meses, de acuerdo con el Código Penal.
La intervención se llevó a cabo el pasado 2 de noviembre, tras recibir un aviso anónimo que alertaba sobre la instalación de redes abatibles en una finca cercana al Parque Natural El Fondo, en Elche. Al personarse en el lugar, los agentes de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (Paprona) de Xixona sorprendieron a dos individuos dentro de una caseta camuflada, preparados para accionar dos redes abatibles activas. Alrededor de estas hallaron varias aves enjauladas utilizadas como reclamos para la captura ilegal.
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Durante la inspección ocular realizada en la parcela, los agentes documentaron fotográficamente los dispositivos utilizados para la caza, así como los pájaros empleados como reclamos. Se intervinieron las dos redes abatibles y una jaula metálica, que fueron depositadas en un centro de recuperación de aves de la provincia de Alicante. Además, se liberaron ocho ejemplares sin anillar, que fueron devueltos a su hábitat natural en el mismo lugar de los hechos.
El 15 de noviembre, finalizadas las investigaciones, los sospechosos fueron citados en dependencias de la Guardia Civil, donde se les investigó por un supuesto delito contra la fauna. Asimismo, se remitió un informe a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio de la Comunitat Valenciana sobre los hechos acontecidos.
La caza ilegal de aves fringílidas, prohibida desde 2018 por normativa autonómica, estatal e internacional, representa una grave amenaza para la supervivencia de estas especies. A pesar de las restricciones, persiste un comercio clandestino de estas aves, destinadas a su exportación, uso como pájaros de jaula o incluso su consumo.
Estas aves, que no son consideradas especies cinegéticas y cuentan con protección legal, están amparadas por el Convenio Europeo firmado por España. Según el vigente Código Penal, esta actividad puede ser castigada con penas de prisión de seis meses a dos años o multas de ocho a 24 meses, al estar tipificada como un delito contra la fauna.
El Instituto Armado reitera su compromiso con la preservación del medio ambiente y hace un llamamiento a la ciudadanía para denunciar cualquier práctica que ponga en peligro la biodiversidad.
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