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La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Alicante ha vuelto a exigir al Ministerio de Interior y al resto de responsables políticos que los agentes de la Guarcia Civil, al igual que las policías autonómicas, sean considerados como «profesión de riesgo».
El objetivo, según recalca la AUGC, es lograr las pertinentes modificaciones en el Código Penal para endurecer las penas y que se pueda así «reforzar el principio de autoridad, aplicando el máximo rigor penal y sancionador posible» en delitos contra la integridad de los miembros del cuerpo de seguridad.
Esta petición se produce tras una sentencia lograda en los tribunales por los servicios jurídicos de la AUGC. En mayo de 2023, una mujer denunció a su hijo por delito de violencia doméstica y se atrincheró en su domicilio, atrancando la puerta e impidiendo el acceso a su madre.
Patrullas de la Guardia Civil acudieron al lugar de los acontecimientos para detener al individuo, que les recibió con insultos, amenazas y con la negativa a abrir la vivienda. Tras la ayuda de un cerrajero, los agentes intentaron acceder al domicilio, pero el sujeto agredió al agente que entró en primer lugar. El resto de miembros de la patrulla tuvieron que intervenir para inmovilizarlo y esposarlo, relatan desde la AUGC.
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Esta intervención se saldó con dos de los guardias civiles con «lesiones de importancia que requirieron para su cura tratamiento médico y farmacológico, impidiéndole realizar con normalidad sus funciones habituales como agentes de la autoridad durante varios días».
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La sentencia ha dictaminado el delito de atentado contra los agentes de la autoridad a la pena de ocho meses de prisión y la inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. También ha condenado por dos delitos de lesiones a ocho meses con una cuota diaria de seis euros, es decir, 1.440 euros por cada uno. Además, deberá indemnizar a los agentes agredidos en concepto de responsabilidad civil subsidiaria con la cantidad de 1.080 euros a uno de los agentes y 1.930 euros al otro, de acuerdo con la resolución judicial difundida por la AUGC.
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