«Estábamos solos. Sin mascarillas y ante 'el bicho'»

Octubre de 2024. José Luis sale encogido de la negrura tras los gruesos muros color crema del antiguo Hospital Civil Oliver de Alcoy. Hoy es la sede del Palacio de Justicia. El hombre anda con pasos plomizos. Con peso en cuerpo y alma. Enciende un cigarro en cuanto atraviesa el quicio de la puerta y apura el pitillo con ansiedad. Con ojos acuosos. Termina la última sesión semanal del primer juicio civil por una muerte masiva de ancianos por Covid en toda España. 74 fallecidos en apenas un mes en lo más cruento de la pandemia en el geriátrico DomusVi. Ante la empresa, Quavitae, una demanda con una indemnización de dos millones por 15 víctimas mortales y tres heridos graves. José Luis es el presidente de la asociación de afectados. Perdió a una tía en Alcoy. «Siempre me la enseñaban encamada. Les decía, '¡no la movéis nunca!», se quejaba en aquel tiempo José Luis en la fría distancia de la videollamada. Ella acabó muriendo.

A su lado caminan Esther y Carmen. Con el mismo peso sobre sus hombros de una eterna batalla judicial: la de demostrar que mucho falló entre los muros del geriátrico. Esther perdió a su tío. Hoy ni quiere hablar de ello. Carmen, a su madre. «Estuvimos una semana incomunicados con la residencia. Decían que los teléfonos se habían caído. Luego de repente un día me dijeron 'ah, sí, tu madre tiene el 'bichito'. Murió unos días después», se resigna mientras apura también un cigarro tras otro.

Marzo de 2020. El Covid campa por España. En la calle Nofre Jordà de Alcoy, un señorial edificio del siglo XIX permanece cerrado a cal y canto. Alberga la residencia DomusVi. También de gruesos muros color crema. Y otra antigua sede del Hospital Civil Oliver. Como el Palacio de Justicia. Crueles guiños del destino. «Allí estábamos completamente solos. Desamparados. Sin apenas mascarillas y ante el 'bicho'». Son palabras de Begoña (nombre ficticio porque no quiere revelar su identidad). Empleada aquellos días en el centro y una de las primeras sanitarias en dar su testimonio en un medio de comunicación. Sufrió aquel horripilante comienzo de marzo. Con ancianos desnudos a excepción de un pañal. «¿Protocolo? No había. Apenas cada uno en su habitación y poco más. No había aislamiento», relata Begoña.

Decenas de ancianos abandonados a su suerte. Ni los más sanos se salvaban. La sanitaria recuerda el interno de un centro de día que sólo pasaba unas horas en el centro. «Estaba sano. Da igual. Cayó. Recuerdo el caso de un hombre que murió y no nos dimos cuenta hasta el día siguiente. Aquello nos superó».

Ella fue testigo del comienzo del caos. Y de la supuesta falta de respuesta del centro (algo que deberán dirimir los tribunales) y de la propia Generalitat, entonces regida por Ximo Puig y con Ana Barceló al frente de la Conselleria de Sanidad. No hay ningún tipo de acción penal contra la administración valenciana. Los afectados acudieron directamente a la vía civil por consejo de sus abogados. La jurisdicción penal hubiera sido árida y complicada.

Ya lo dejó claro en octubre de 2022 el Tribunal Superior de Justicia: anuló tres sentencias de juzgados de Alicante que habían condenado previamente a Sanidad por no facilitar material de protección a los médicos. El máximo tribunal valenciano estimó que sí bien es cierto que los sanitarios valencianos se enfrentaron al Covid sin los convenientes trajes EPI de protección y con escasez de mascarillas, la conselleria «desplegó desde esos momentos iniciales una indudable actividad preventiva que, si bien resultó insuficiente, mucho tuvo que ver en ello la imprevisibilidad de la situación por sus alarmantes dimensiones y la rapidez con que se propagó el virus». Portazo judicial a cualquier responsabilidad de la administración valenciana.

Pero en aquel negro mes de marzo de 2020 hubo una caótica ventana temporal en la residencia de Alcoy. Nueve días funestos que no fueron supervisados por la administración y que dejaron un estallido de contagios en el centro que luego ya no hubo manera de controlar. Los nueve días transcurridos entre el primer caso y la fecha en la que el centro quedó intervenido por la Conselleria de Sanidad.

Fue el 9 de marzo cuando se detectó el 'paciente cero'. La empresa gestora insiste en que fue el 12, pero el juicio civil que terminará la semana que viene ha puesto el foco en el 9. Aún no se temía entonces lo suficiente al coronavirus. Ni en la residencia de Alcoy ni en España. Mientras tras los gruesos muros color crema del antiguo hospital civil se gestaba la mayor tragedia de un geriátrico de la crónica negra de la pandemia, por el país aún resonaban los ecos de las masivas manifestaciones con motivo del Día de la Mujer. Las mismas que derivaron en una posterior polémica sobre si debían haberse aplazado. 16 muertos y casi un millar de contagios se acumulaban ya ese 9 de marzo en España.

Los lodos de los 'polvos' sembrados por la tristemente recordada frase de Fernando Simón, responsable de la lucha epidemiológica en España: «Tendremos como mucho algún contagio diagnosticado. Y sin transmisión local, y en todo caso limitada y controlada». El día 10 se suspendieron las Fallas. El resto ya es historia de una de las épocas recientes más dolorosas.

Entre los muros color crema del asilo de Alcoy, la espoleta de la bomba epidemiológica era ya irrefrenable. Sólo tres días después del 'contagio cero', el asilo era un infierno. Manuel Pérez jamás olvidará el día que puso un pie en el geriátrico. Fue el 12 de marzo. «Era una hecatombe». Él era el jefe de la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy. Su testimonio en el juicio esta semana ha sido desgarrador. «Había pacientes por el suelo. Pedían que los sacáramos de allí. Con los pañales rotos, querían agua... En toda mi carrera no he visto un desastre similar».

A las puertas del Palacio de Justicia, en un receso del juicio, Carmen Abad mastica cada palabra. Como si sintiera aún en su mente y en su cuerpo el dolor de aquella semana sin saber nada de su madre. Sin información ni cariño. Hasta que la perdió para siempre. «Cayeron como moscas. Ni había prevención ni había aislamiento. Los contagios fueron brutales y grupales». Carmen mira al suelo. Para unos segundos de hablar. Su mente se pierde. «Ella tenía demencia, pero estaba bien, estaba bien... Era autónoma». Da otra calada al cigarro. Mira a José Luis y Esther, dos de sus compañeros de fatigas judiciales. «Estaba bien... estaba bien... era autónoma...», entona de nuevo entre el humo de su cigarro.

El 'señor Monfort' fue el primero de una lista demasiado larga. Murió el 16 de marzo. Desde DomusVi aseguran que llegó infectado del hospital y que fue aislado en una unidad de Paliativos. En un mes el macabro rosario de víctimas mortales se plantó en 74. «Sólo pasó eso allí de las diez residencias de la zona que yo controlaba». Sentencia ante el juez del jefe de Hospitalización Domicilaria del Virgen de los Lirios.

El tribunal dirá después cuál es su veredicto. Ni el 'contagio cero' ni el final del 'señor Monfort activaron la respuesta de Sanidad ni de Igualdad y Políticas Inclusivas hasta nueve días después de comenzar todo. Fue el 18 de marzo cuando se intervinieron todos los geriátricos de la Comunitat. Pero Alcoy no era uno más. Nadie lo vio antes. Para entonces ya no había quien cerrara la caja de los truenos.

«Yo ni siquiera sé si el que está en el ataúd es verdaderamente mi padre». Así es la cruda realidad de Silvia Peris, otra de las familiares que lleva toda la semana peregrinando a la sala de vistas de Alcoy. Apenas a siete minutos de coche de la residencia en la que dejó a su padre para no verlo nunca jamás. Tenía 79 años y padecía Alzheimer. «Tú llevas a tu padre a una residencia no porque te moleste en casa, sino porque no puedes cuidarle al cien por cien y quieres que tenga una calidad de vida. Y lo que resulta es que al final no lo tratan como a una persona».

Silvia no busca el dinero. «A mi padre sí que lo trataron como si fuera un bien económico». Su brújula estos cuatro años no son los dos millones de indemnización que piden de montante global el casi medio centenar de familiares que reclaman indemnización. Todos quieren respuestas. El por qué de la tremenda desatención. «Yo tenía que limpiarle la dentadura a mi padre, porque había dos auxiliares para cambiar pañales, asear y dar de comer a más de 20 dependientes». El por qué se les ocultó tanta información y qué pasó para que el virus se extendiera como la peste entre los mayores. Con el espanto de escuchar en las noticias que hay cinco fallecidos al día sin que ella fuera consciente de si uno de ellos era su padre. «El 16 de marzo nos dijeron que estaba enfermo. Luego supimos que fue mucho antes. Le estaban poniendo morfina y me llamaban diciéndome que se hallaba estable y no tenía fiebre». Falso. Inhumano. «Ya estaba muriéndose. Y la familia sin saberlo y sin poder llorarle», lamenta la afectada.

En el banco de un parque de Alicante está sentado Jorge Sancha. El hombre maneja con dedos temblorosos varias fotos entre sus manos. Las mira entre la pena, la nostalgia y la impotencia. Son retratos de su madre. A ella también se la tragó el infierno sembrado por el Covid en DomusVi. Aprieta una de las instantáneas con emoción contra su corazón mientras posa ante la cámara de LAS PROVINCIAS. Emilia fue una de las últimas víctimas mortales. Pereció el 15 de abril. Ya eran tiempos de más mascarillas, de PCR, de aplicar a rajatabla el protocolo... Tarde. La simiente del drama se sembró muchos días atrás. «El 8 de marzo se prohibieron las visitas en la residencia y yo no supe de ella hasta el 26, cuando me dijeron que tenía síntomas y estaba aislada».

El día siguiente Jorge lo lleva clavado como un cuchillo en el alma. A través de una videollamada pudo comunicarse con su madre. En realidad, sólo verla y hundirse con su estado. «Fue brutal. Mi madre ya tenía antes deterioro cognitivo, pero nos conocía. Y físicamente estaba perfecta. Aquel día estaba raquítica, sólo movía los ojos y ya no sabía ni quiénes éramos».

El día que murió Emilia perdieron la vida otros cinco internos. Jorge tiene un amargo consuelo. «Al menos nos avisaron el día de antes para avisarnos de que teníamos que despedirnos, que estaba muy grave. Mi hermano y yo pudimos decirle lo mucho que la queríamos», musita Jorge.

Él es uno de los denunciantes pero no ha pisado el juzgado. «No podría aguantar allí, tendría que irme de la sala al escuchar todo». Tampoco ha declarado. Y eso que del testimonio que facilita a LAS PROVINCIAS destaca una escena que apunta a que en el geriátrico de Alcoy no se hicieron las cosas todo lo bien que se debía. Fue en otra videollamada con su madre. Ella estaba con el fisioterapeuta. «De repente oí que alguien por detrás le decía: 'Venga Emilia, levántate, que no pasa nada. Era otra residente que había entrado en la habitación de mi madre. El médico dijo que se habría equivocado, pero lo cierto es que una mujer estaba cerca de mi madre contagiada...». Una gota de agua en un mar infernal del que la Justicia deberá decir ahora quién fue responsable.

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