La tragedia por las 73 muertes en una residencia de Alcoi llega a los tribunales

Este jueves 7 de septiembre se inicia el procedimiento judicial llamado a arrojar luz sobre un caso repleto de sombras. Es el día en que está convocada la vista previa por la demanda de responsabilidad civil, presentada por los familiares ante Quavitae Servicio Asistenciales -empresa matriz que gestiona la residencia-; y a la compañía Mapfre España -su entidad aseguradora-. 

Solo 46 de los afectados han formado parte de la reclamación, representando a 18 usuarios fallecidos. Eso deja en el limbo a otros 56 allegados, que han decidido mantenerse al margen del proceso. Según el portavoz de los familiares, las razones que explican esa renuncia son dos. Por una parte, la de carga emocional, por la que «algunos han querido cerrar este episodio de sus vidas tan doloroso».

La otra razón es de carácter económico, puesto que no todos los afectados podían asumir los costes derivados del proceso. «Hemos tenido que recurrir a abogados para probar que hay un nexo de causalidad entre el gran índice de fallecidos y la negligencia en el trato a los usuarios».

La vista previa se llevará a cabo este jueves a partir de las 10 horas en el juzgado de primera instancia número 3 de Alcoi. Por tanto, se sabe cuando empezará este «crudo» proceso, pero se desconoce su «imprevisible» culminación.

Los demandantes han optado por recurrir a la vía civil en vez de a la penal, y es que, según Josele, por esta última se exponían a que el proceso se llegara a prolongar durante décadas. Los precedentes también desaconsejan la vía penal, y es que en otras regiones de España, la fiscalía ya ha tumbado diversas demandas por tragedias similares a la sufrida en Alcoi.

Las 73 muertes supusieron la trágica constatación de que el trato que recibían los usuarios en el geriátrico no era el adecuado, y es que la plataforma de familiares se constituyó unos pocos meses antes de la pandemia. Con ella ya pusieron en conocimiento de la opinión pública las carencias asistenciales y de personal del centro, pero sin que ello les preparara para la muerte de más de la mitad de los usuarios.

«Las previsiones del Ministerio de Sanidad anticiparon que el índice de mortalidad en las residencias debido a la pandemia sería de un 21%. En Alcoi superamos con creces el doble de esa cifra. Necesitamos explicaciones», sentencia García.

En el juicio también se podría dirimir el grado de responsabilidad de la administración pública, y es que a pesar de que la gestión del centro era privada, la instalación era dependiente de la Conselleria de Polítiques Inclusives. Por si ello fuera poco, el centro fue intervenido por el ente público durante los momentos más críticos de la pandemia. «La Generalitat era en última instancia quien debía velar por el cumplimiento de los protocolos internos del centro», apunta Josele.

Los familiares lamentan a su vez la «poca voluntariedad» de la administración para esclarecer lo ocurrido. Así lo demostraría la falta de apertura de una comisión de investigación en Les Corts Valencianes, desoyendo de esta forma la petición del Ayuntamiento de Alcoi tras un acuerdo plenario adoptado por unanimidad El portavoz de Afadomus se muestra incrédulo ante esta negativa. «Ningún grupo político autonómico accedió a solicitar la apertura de la investigación. Creo que estamos ante un caso de pasotismo institucional muy elocuente».

Una de las pocas repercusiones que hasta la fecha ha trascendido respecto a la empresa gestora del geriátrico ha sido la multa de 40.000 euros que le impuso el Consell a finales de 2020, debido a la infracción de la ley valenciana de Servicios Sociales con relación a las ratios de personal.