Los sindicatos de sanidad anuncian movilizaciones para exigir la jornada laboral de 35 horas
La primera de las protestas tendrá lugar el 16 de diciembre
Los profesionales sanitarios volverán a salir a la calle para protestas, en esta ocasión para exigir el desbloqueo de las negociaciones para aplicar la jornada laboral de 35 horas semanales. Los sindicatos SATSE, CCOO, UGT, CSIF e Intersindical Salut han anunciado un calendario de movilizaciones, que tendrán su fecha inicial el 16 de diciembre con una concentración frente a la Conselleria de Sanidad en Valencia.
A través de una nota conjunta, los sindicatos aluden al acuerdo firmado el 8 de marzo de 2023 con el gobierno del Botànic relativo a la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales, así como de otras medidas llamadas a mejorar las condiciones laborales del personal y de la sanidad pública.
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Aseguran que este acuerdo lleva dos años «paralizado» por parte de la conselleria que dirige Marciano Gómez, al que acusan de estar «renegociando o incluso intentando anular» el compromiso adoptado por la anterior administración autonómica. «Su incumplimiento denota el desprecio hacia el trabajo sindical realizado y perpetúa el deterioro de nuestra sanidad pública», explican.
Creen los sindicatos que la distribución de la jornada de 35 horas semanales de lunes a viernes en turno fijo es una medida que el conseller Marciano Gómez «podría haber implementado sin modificar lo pactado, ya que el marco legal tanto autonómico como estatal lo permite».
Otras demandas
Los sindicatos señalan, además, que no se han cumplido otras promesas, como la mejora de las agendas médicas, la reducción de las listas de espera o la creación de la figura de la enfermera escolar. Respecto al modelo organizativo, critican un cambio en el decreto de la Atención Primaria que consideran retrógrado, ya que reduce la autonomía profesional, limita recursos y no afronta los problemas estructurales.
También denuncian que sigue paralizado un decreto clave sobre alertas de Salud Pública, el que regula el sistema de alerta precoz y respuesta rápida, al no entrar en vigor retrasa la puesta en marcha de una herramienta esencial para responder a emergencias sanitarias.
