El sector veterinario llama a la huelga a 330 clínicas de la provincia de Alicante

Si este lunes han sido los médicos los que han salido a la calle a protestar, un día después les toca a los veterinarios. Las 331 clínicas veterinarias que hay en la provincia de Alicante están convocadas a secundar un paro que tendrá lugar este martes en todo el país, y que a modo de protesta supondrá el cierre de consultorios, clínicas y hospitales. 

El Consell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV) ha apoyado públicamente esta protesta, que nace como oposición a los efectos que puede acarrear la aplicación de una nueva normativa europea. Este marco normativo supondrá la comunicación telemática de manera obligatoria de prescripciones de antibióticos, así como una nueva regulación de medicamentos veterinarios que el CVCV tacha de «restrictiva». 

Concretamente, la entrada en vigor del RD 666/2023, 2 de enero, regula la obligación de comunicar a través de la plataforma digital PRESVET las recetas de antibióticos, como respuesta a la aplicación de la política europea frente a la lucha contra las resistencias antimicrobianas.

La presidenta del CVCV, Inmaculada Ibor, coincide en destacar el «compromiso de todos los veterinarios frente a las resistencias, que es un problema de salud pública de primer orden» pero advierte que «la aplicación de este RD y la puesta en marcha de PRESVET para animales de compañía, supone una carga burocrática excesiva que puede encarecer el servicio, ya castigado desde 2012 con un IVA al tipo máximo del 21%».

Pese a respaldar la lucha contra las resistencias antimicrobianas, los profesionales piden al Gobierno una moratoria en la aplicación de la medida, y recuerdan que la Unión Europea solo la exige a partir de 2029.

Se quejan de que esta herramienta, que debe recoger las prescripciones de antibióticos, «sufre errores frecuentes, no permite su uso de manera ágil, ya que solicita datos que el veterinario ha de buscar en otras aplicaciones e incluso obliga a declarar el uso que realiza el tutor del animal, hecho que desconoce el veterinario y, por todo ello, supone una carga burocrática inasumible».

Por otra parte, añaden que esta regulación «fuerza al clínico a recetar conforme a lo indicado en las fichas técnicas de los medicamentos veterinarios, que se encuentran en su gran mayoría desactualizadas».

Argumentan que para no saltarse la normativa, se abocaría muchas veces al veterinario a prescribir un medicamento que no sería de primera elección o una presentación comercial del mismo cuyo formato no se ajustaría a las necesidades para tratar al paciente. En la práctica, esto podría suponer que el titular del animal deba adquirir una caja con 100 pastillas cuando solo se requiere 3 o 4 para su tratamiento.

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