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«Es indigno». Esa es la frase más repetida por los portavoces de la Asociación de Familiares Afectados de las Residencias DomusVI Alcoi-Cocentaina en la rueda de prensa ofrecida tras conocer la suspensión temporal del juicio por la muerte de 74 mayores en la residencia DomusVi durante los primeros meses de la pandemia.
«Han pasado tres años y medio», han recordado y han denunciado que ni por parte del a empresa Quavitae SAU (matriz de DomusVi) ni por parte de las consellerias de Sanidad y Políticas inclusivas se ha remitido la información o se ha hecho de manera sesgada, una información que resulta necesaria para poder demostrar cómo se actuó y armar su defensa.
El hecho de que el juicio, previsto para el día 19, se suspenda sin fecha lo califican de «putada», después de todo el tiempo que ha pasado, pero ven una parte positiva «que se reconoce la mala fe de la parte demandada y la complicidad de las administraciones en no facilitarnos la información».
Según ha explicado el portavoz, José Luis García, la mercantil presentó unas periciales con una información que sus abogados no tenían. «Esa información era tan sensible como los informes clínicos de nuestros familiares que nosotros habíamos pedido a Quavitae y ellos no nos la facilitaron o lo hicieron de manera sesgada, incluso alegando que habían padecido un ciberataque y que la habían perdido, pero ellos sí presentan toda esa información».
Al no contar con esta información, la defensa solicitó poder acceder a ella y la jueza instó a las partes a que se les facilitara «a efecto de poder realizar la ampliación de las periciales», según consta en la provincia. Daba de plazo 15 días, pero sólo llegó alguna respuesta de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas el 1 de febrero al juzgado, no habiendo plazo para que los abogados de la asociación pudieran preparar su defensa.
Una única respuesta, la de la actual conselleria de Servicios Sociales e Igualdad en la que se dice que la única información existente en la dirección general de Dependencia es una queja elevada por un profesional sanitario de la residencia en abril de 2020 y que el resto de documentación solicitada se trata de documentación interna del centro, por lo que no disponen de ella.
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Una respuesta que para la Asociación supone una burla, puesto que, aparte de que ellos habían denunciado fue a la dirección de Infraestructuras como encargada de la concertación de plazas y la inspección, «nos pasan todas las órdenes, decretos y protocolos publicados en los boletines y diarios oficiales, a la que perfectamente podemos acceder nosotros, cuando nosotros queremos información concreta de cómo se organizaban en la residencia, cuántos trabajadores había y cómo estaban distribuidos».
«Es increíble que la Generalitat oculte la información y no sean capaces de atender a lo requerido no ya por nosotros, sino por el propio juez. Estamos hablando de la mayor tragedia que ha sucedido en Alcoi y han escurrido el bulto cuando han muerto 74 personas», lamentan.
Desde la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales e Igualdad, por su parte, insisten que tras el requerimiento del juzgado con fecha de 27 de diciembre, se aportan toda la documentación que es de su competencia, pero que hay otra información de la que no disponen por tratarse de un tema de protección de datos y que sólo dispone la residencia, como entidad competente.
Por otro lado, consideran que se están valiendo del hecho de que sólo de 18 de las 74 familias son las que han interpuesto la denuncia, para argumentar, en el caso de la empresa, de que «tan mal no lo haríamos».
También recriminan el que no se haya constituido en les Corts la Comisión de Investigación que solicitó el Ayuntamiento de Alcoi, tras la aprobación por unanimidad del pleno. «De esa Comisión no se sabe nada y es la que podría haber dado luz de lo que pasó, no ya para la asociación, sino para el resto de familiares y el conjunto de la sociedad», insisten y apuntan que la institución valenciana que representa a todos los valencianos ha dejado mal a los representantes municipales que pidieron esa Comisión.
A partir de ahora, aseguran que van a estudiar con los abogados la estrategia a seguir para poder conseguir la documentación que resulta fundamental para la defensa y lo que puede suponer en cuanto a plazos y también valorarán lo que harán a nivel social.
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