Denuncian que solo dos sanitarios deben atender a más de 900 reclusos en Fontcalent

El sindicato ACAIP-UGT ha denunciado este miércoles la falta de sanitarios penitenicarios en Alicante. Los últimos datos recabados por la organización del Portal de Transparencia indican que la cárcel de Fontcalent cuenta con dos facultativos para atender a una población reclusa de más de 900 internos. Según la relación de puestos de trabajo, deberían ser ocho, recuerda la organización sindical.

A nivel nacional el déficit supera el 67%. Este dato muestra, a juicio de ACAIP-UGT, la grave situación en la que se encuentran las prisiones españolas, y principalmente la alicantina. Por esta razón, «como consecuencia de la imposibilidad de dar una atención primaria en la prisión alicantina, se han visto obligados a incrementar, de manera significativa, el número de salidas de internos para recibir asistencia sanitaria en el exterior», subrayan las mismas fuentes.

El sindicato agrega que este tipo de servicios «consumen una gran cantidad de recursos» ya que es necesario movilizar unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se encargan de garantizar tanto el traslado como la custodia del interno durante el tiempo de permanencia en el hospital asignado. Asimismo, conlleva la priorización de la atención a los reclusos frente a la de otros usuarios independientemente de la gravedad de cada dolencia, recalca.

La falta de estos sanitarios produce problemas a diario en el interior del centro. De hecho, más del 30% de los internos sufre algún tipo de patología mental y existe un elevado número de enfermedades crónicas como son el VIH, la diabetes o la hepatitis, expone ACAIP-UGT. «Además, la ausencia de una atención adecuada condiciona la autoridad de los trabajadores penitenciarios. Sin médico no pueden hacerse cumplir las sanciones ni aplicar el aislamiento provisional ante una situación que comprometa tanto la seguridad del centro como la integridad física de los internos y los propios trabajadores.», argumenta

La organización recuerda que los reclusos tienen necesidades específicas y distintas a las de la población en general. «Algunas de sus necesidades deben ser atendidas conforme sea conveniente en los propios centros y no sobrecargando los servicios públicos externos», manifiesta. Por ello, desde ACAIP-UGT exigen que se aporten soluciones tanto desde la administración central como desde las distintas autonomías, «las cuales deberían asumir las competencias sanitarias en las prisiones tal y como promulga la Ley de Cohesión sanitaria de 2003».

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